La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Jefferson Javier A. C. y Bryan Andrés C. C., quienes habrían ofrecido –de manera fraudulenta– gestionar una visa para Estados Unidos utilizando documentos falsos. Ambos son investigados por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes, tipificado en el artículo 213 del COIP y sancionado con 7 a 10 años de prisión.
Los procesados deberán cumplir prohibición de salida del país y presentarse tres veces por semana ante la autoridad competente, mientras avanza la instrucción fiscal de noventa días ordenada por el juez del caso. Además, se dispuso que no ejecuten actos de intimidación o persecución contra la víctima o su familia.
La denuncia: oferta de una visa por 1.000 dólares
Según Fiscalía, la investigación inició el 7 de noviembre de 2024, tras la denuncia de la víctima. Ella aseguró que los hermanos fueron recomendados por un conocido residente en Norteamérica. Al contactar a Bryan Andrés C. C., este le habría ofrecido “llevarlo hasta Estados Unidos” por 1.000 dólares.
Posteriormente, le solicitó 400 dólares como pago inicial, depositados a la cuenta de Jefferson Javier A. C., y más tarde el valor restante para continuar el trámite.
El 28 de octubre de 2024, la víctima recibió –vía WhatsApp– una supuesta invitación a la “Cumbre Internacional de Gobiernos Locales” en Miami, además de la fecha de una supuesta entrevista para la visa en la Embajada de Estados Unidos, programada para el 30 de octubre a las 08:00.
Sin embargo, al acudir a la sede diplomática en Quito, fue informada de que la invitación era falsa.
Allanamientos y elementos de convicción
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional expuso los indicios recabados, incluidos los resultados de los allanamientos ejecutados en inmuebles de los procesados en Santo Domingo de los Tsáchilas.
El Ministerio Público sostiene que los investigados elaboraron y entregaron documentación fraudulenta con el fin de simular un proceso migratorio lícito.
Con la instrucción fiscal en curso, las autoridades continuarán levantando testimonios, peritajes digitales y demás elementos para sustentar el caso.