El Ministerio de Defensa Nacional informó que, en lo que va del 2025, las operaciones del Bloque de Seguridad han generado una afectación económica superior a los USD 2.000 millones a las mafias dedicadas a la minería ilegal en Ecuador. El dato, detallado por la cartera de Estado, marca un golpe sin precedentes contra esta actividad ilícita.
Según el reporte oficial, la minería ilegal se ha convertido en la segunda amenaza más grave para el Estado, debido a su vínculo directo con organizaciones criminales, la destrucción ambiental y el desplazamiento de comunidades completas.
Operaciones en varias provincias
Las Fuerzas Armadas han ejecutado intervenciones tácticas en distintos puntos del país, logrando la destrucción e incautación de infraestructura utilizada para la extracción ilícita. Entre los principales resultados constan:
- 41 dragas desmanteladas.
- 360 retroexcavadoras neutralizadas.
- 1.344 bocaminas cerradas.
Estas acciones, señala el Ministerio, han asfixiado redes de financiamiento criminal que operaban en zonas de alta conflictividad.
Intervenciones relevantes se realizaron en:
- Imbabura (Buenos Aires), donde se desarticularon estructuras que controlaban grandes zonas de extracción.
- Azuay (La Chonta), considerada una de las operaciones más fuertes contra las mafias del sur.
- Carchi, donde se impidió la instalación de nuevos campamentos ilegales.
- El Oro, donde se cortaron rutas que conectaban extracción ilícita, contrabando y lavado de activos.
También hubo golpes en Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo y Bolívar, territorios donde las organizaciones buscaban expandirse.
Líneas de acción militar
Las operaciones están lideradas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador, quienes mantienen despliegues permanentes en las provincias de mayor riesgo.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el presidente Daniel Noboa sostiene una estrategia directa: cortar las fuentes de financiamiento de las mafias para recuperar el control estatal de los territorios.