El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Quito sentenció a diez años de prisión a Alejandra Marisol D. G., exfuncionaria de BanEcuador, por el delito de peculado, tras comprobarse que utilizó las claves de otra empleada para sustraer USD 44.000 de la institución financiera estatal.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2021 en la agencia de BanEcuador ubicada en el Mercado Mayorista de Riobamba.La entonces delegada de servicios ingresó al sistema Cobis con las credenciales de una cajera, simulando una transacción por el monto de 44.000 dólares.
Horas después, al realizar el cuadre del billetaje físico, se detectó que el dinero no se encontraba en la bóveda, por lo que la entidad financiera emitió los informes técnicos y contables que dieron origen a la investigación penal.
Durante el juicio, la Fiscalía de Delitos contra la Administración y Fe Pública presentó pruebas que demostraron la manipulación del sistema informático y la responsabilidad directa de la funcionaria. Entre los elementos de convicción constaron:
- Pericia contable e informática a la base de datos del banco, que permitió identificar la dirección IP y el terminal desde el cual se utilizó la clave ajena.
- Versiones de funcionarios y técnicos de TIC de BanEcuador.
- Documentación interna sobre la asignación de ordenadores y claves a cada servidor.
- Videos de seguridad y reconocimiento del lugar de los hechos.
Con base en estos elementos, el Tribunal dictó diez años de privación de libertad y dispuso que la sentenciada restituya los USD 44.000 sustraídos.
Además, como medida simbólica de reparación, el Tribunal ordenó que la exfuncionaria presente disculpas públicas mediante la colocación de una placa en la sucursal de BanEcuador en Riobamba, con un mensaje que promueva la confianza y transparencia en el servicio público.
Información jurídica
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y establece una pena de diez a trece años de privación de libertad para los servidores públicos que dispongan indebidamente de bienes o fondos del Estado.