La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un gimnasio que funcionaba sin permisos municipales en la comuna rural San Miguel del Común, parroquia Calderón, al norte de Quito. El cierre se ejecutó luego de denuncias ciudadanas que alertaron sobre peleas clandestinas supuestamente organizadas por el administrador del local.
Según el informe oficial, estos enfrentamientos habrían provocado la muerte de un adolescente de 12 años, ocurrida en noviembre de 2024. De acuerdo con los familiares, el menor se inscribió en el gimnasio con la intención de bajar de peso, pero fue inducido a participar en una pelea con otro joven de 17 años, cinco años mayor.
Su padre relató que el adolescente recibió golpes en la cabeza durante el combate, lo que le causó un derrame cerebral que acabó con su vida días después.
El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que en el lugar se cobraba un dólar por pelea y que los asistentes realizaban apuestas, actividades ilegales que vulneran la integridad de los menores de edad.
“Estos lugares representan un riesgo grave para la seguridad ciudadana y atentan contra la vida de las personas. La AMC actuó en cumplimiento del Código Municipal”, señaló el funcionario.
El operativo se realizó un año después del fallecimiento del menor, debido a que era necesario obtener un permiso de la comuna para ingresar al establecimiento.La AMC confirmó que el local no contaba con permisos de funcionamiento ni autorización comunal, y que su propietario se dio a la fuga tras conocerse la intervención.
Según la normativa vigente, además de la clausura inmediata, el responsable podría enfrentar una multa de hasta USD 3.760. El caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación previa por la muerte del adolescente.
El Municipio de Quito, bajo la administración del alcalde Pabel Muñoz, informó que este procedimiento forma parte del plan “Quito en Control”, una estrategia interinstitucional que busca prevenir actividades ilegales en espacios públicos y privados. Las acciones se ejecutan en coordinación con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional.
Las autoridades anunciaron que reforzarán los controles en zonas rurales y urbanas para evitar que se repitan hechos similares que pongan en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes.