La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra John Erick F. M. por el presunto delito de explotación sexual de personas, luego de un operativo ejecutado la madrugada del sábado 25 de octubre en la ciudadela Sauces, etapas 2 y 6, al norte de Guayaquil.
Durante la acción conjunta entre la Fiscalía de Flagrancia y la Unidad de Investigaciones contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, fueron liberadas cinco víctimas, entre ellas una adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida.
Padre denunció la desaparición de su hija
El operativo se inició tras la denuncia de un padre que reportó la desaparición de su hija, quien llevaba cinco días sin regresar a casa.Con base en información de inteligencia, las autoridades determinaron que la menor se encontraba en un domicilio de Sauces 6. Con orden judicial, se procedió al allanamiento, donde se halló a la adolescente y a otras cuatro mujeres entre 17 y 26 años, todas en situación de vulnerabilidad.
Las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica y psicológica. En el lugar se incautaron siete teléfonos celulares, preservativos, prendas de vestir y documentación vinculada al caso.
Engaño y coerción con fines sexuales
De acuerdo con los testimonios recopilados, las mujeres fueron captadas mediante engaños y ofertas laborales falsas. El procesado les habría prometido dinero por modelar, pero luego las obligaba a ejercer prostitución en varios departamentos ubicados en las etapas 2 y 6 de la misma urbanización.
El sospechoso fue reconocido por las víctimas durante el operativo y quedó bajo prisión preventiva, conforme a la resolución dictada por el Juez de Garantías Penales de turno.
Elementos de convicción
Durante la audiencia de calificación de flagrancia, el Fiscal del caso presentó como pruebas los partes policiales, testimonios de los agentes intervinientes, versiones de las víctimas, la denuncia del padre, y las evidencias levantadas durante el allanamiento.
La instrucción fiscal fue fijada en treinta días, tiempo durante el cual continuarán las investigaciones para determinar si existieron más víctimas o implicados.
Sanción legal
El artículo 100 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el delito de explotación sexual de personas en situación de vulnerabilidad se sanciona con penas de 16 a 19 años de prisión.