Entre doce y dieciocho meses de prisión fueron sentenciadas treinta y un personas procesadas por el delito de asociación ilícita, tras una investigación de la Fiscalía General del Estado que reveló un esquema de extorsión operado desde un call center ubicado en el norte de Quito.
Según la entidad, los involucrados contactaban a víctimas en el extranjero mediante llamadas y mensajes intimidatorios, en los que exigían dinero a cambio de no atentar contra su integridad.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, los acusados aceptaron su responsabilidad y solicitaron acogerse al procedimiento abreviado, conforme al artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Reconocieron su participación en los hechos y, con base en la norma, acordaron con Fiscalía la pena, según su grado de participación”, informó la institución.
Extorsiones con amenazas violentas
Las investigaciones determinaron que los implicados utilizaban aplicaciones como Pegasus, Rimbill y plataformas de mensajería instantánea para enviar fotos y videos de personas siendo mutiladas, con el fin de infundir miedo y lograr que las víctimas depositaran dinero en cuentas controladas por el grupo.
El operativo que permitió desarticular la red se realizó el 25 de junio de 2025, con participación de agentes especializados de la Policía Nacional. En el inmueble allanado, que funcionaba como centro de llamadas, se incautaron equipos informáticos, celulares y registros financieros vinculados a las extorsiones.
Los testimonios de los procesados, peritos en informática forense y los agentes que ejecutaron la intervención fueron determinantes para sustentar la acusación fiscal.
Diez personas sobreseídas y fallo en apelación
De un total de cuarenta y cuatro personas procesadas, treinta y una fueron condenadas tras el procedimiento abreviado. En cambio, trece continuaron por la vía ordinaria.Durante la audiencia, la jueza del caso dictó sobreseimiento para diez de los procesados y llamó a juicio únicamente a tres, decisión que será apelada por la Fiscalía, al considerar que se presentaron suficientes elementos de convicción.
Otros posibles delitos detectados
Durante el proceso, Fiscalía también identificó indicios de otros delitos relacionados con enriquecimiento privado no justificado, violación a la intimidad, pornografía infantil y evasión de afiliaciones al IESS, por lo que se iniciaron las investigaciones previas respectivas.
El delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del COIP, contempla una pena de tres a cinco años de privación de libertad, aunque en este caso, las sentencias se redujeron tras la aceptación de cargos y el procedimiento abreviado.