La inseguridad en Quito no da tregua. Dos hombres vestidos como repartidores a domicilio asaltaron una tienda en el sector de El Inca, al norte de la capital, en un hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad del local.
El incidente se produjo cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento utilizando cascos de motocicleta para evitar ser identificados. Una vez dentro, sacaron armas de fuego y amenazaron al propietario, exigiendo el dinero de la caja registradora y objetos de valor.
En las imágenes de seguridad se observa cómo los asaltantes apuntan directamente al comerciante mientras lo obligan a entregar el dinero.Tras cometer el robo, escaparon en una motocicleta que los esperaba estacionada a pocos metros del lugar.
Modalidad de los “falsos repartidores”
Moradores del sector señalaron que los delincuentes hablaban con acento extranjero y actuaron con precisión, lo que hace suponer que conocían los movimientos del negocio.
Este caso se suma a una ola de asaltos cometidos por falsos repartidores, una modalidad delictiva que preocupa a comerciantes y autoridades.Los delincuentes utilizan uniformes y mochilas de plataformas de entrega, lo que les permite pasar desapercibidos y acercarse fácilmente a sus víctimas.
Inseguridad creciente en Quito
Este hecho se suma a una serie de robos que mantienen en alerta a los comerciantes capitalinos.Solo en lo que va del año, las autoridades han registrado un incremento de asaltos a locales comerciales, en su mayoría cometidos por grupos que usan disfraces o indumentarias falsas para despistar.
Deportaciones
La Asamblea Nacional aprobó el 22 de octubre de 2025 reformas a la Ley de Movilidad Humana con el fin de agilitar las deportaciones y endurecer medidas de prohibición de regresar al país a extranjeros que han sido expulsados.
La reciente reforma migratoria define los criterios y plazos para ejecutar la deportación de extranjeros considerados una amenaza o riesgo para el Estado. En situaciones de grave conmoción interna, cualquier persona extranjera privada de libertad —antes o después de la declaratoria— podrá ser expulsada del país mientras dure la medida, previa resolución del organismo responsable de la seguridad ciudadana.
La normativa establece que la deportación podrá aplicarse sin necesidad de una sentencia ejecutoriada, siempre que exista una orden de prisión preventiva y el delito esté sancionado con pena privativa de libertad. Quienes sean deportados no podrán reingresar al Ecuador durante los próximos 40 años, según la disposición legal vigente.