El director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Jorge Baño, informó que la institución abrió investigaciones de oficio sobre los hechos ocurridos durante el Paro Nacional 2025, en especial los casos registrados en las provincias de Imbabura y Loja.
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Baño detalló que en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra fueron atendidas 14 personas con lesiones por arma de fuego o por objetos contundentes, producto de los enfrentamientos registrados durante las manifestaciones en esa provincia.
“En Imbabura se levantó información respecto de 14 víctimas que ingresaron con heridas de diferente tipo. Se investiga si estas lesiones derivan del uso excesivo de la fuerza en el contexto del paro nacional”, indicó el funcionario.
Heridos en Imbabura
Entre los nombres registrados por la Fiscalía constan: Franklin Flores Pinatoa, Alan Campo Matango, Edison Muelana, Yanel Farinalgo Quilca, José Román Sama, Braulio Morales Farinalgo, César Miramunga Cuscagua, Luis Latacunga Tortiza, Bryan Calapi Quilca, María Uriales Quilca, Edison Farinalgo Curuchungui, y Diego Lachimba Ollagata, entre otros.
El director explicó que el proceso se activó a partir de la coordinación entre las casas de salud, la Policía Judicial (DINASED) y la Fiscalía, para registrar de manera inmediata todo caso de presunta agresión o abuso de fuerza.
“Cada atención médica genera un reporte que se comunica a la DINASED, y a partir de ello se abre un parte policial que permite a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio”, señaló Baño.
Caso de Loja: se investiga la muerte de Rosa Paqui
Asimismo, la Fiscalía confirmó la apertura de una investigación por la muerte de Rosa Elena Paqui Seraquiel, de 61 años, ocurrida en la provincia de Loja durante los operativos de control del paro. El caso se indaga una presunta extralimitación en actos de servicio.
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“Se trata de una investigación iniciada de oficio por posible uso ilegítimo de la fuerza”, explicó Baño, al precisar que ambos casos —Imbabura y Loja— son tratados por la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilícito de la Fuerza, creada para supervisar este tipo de denuncias.
Seguimiento de oficio y garantías judiciales
La Fiscalía subrayó que estos procesos forman parte del mecanismo de respuesta inmediata ante posibles violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas.Baño aseguró que las investigaciones se realizarán con independencia y transparencia, y que los resultados serán remitidos a las autoridades competentes.
“Toda afectación a la integridad física o a la vida, en el marco de una manifestación, debe investigarse sin excepción”, concluyó.