Durante las movilizaciones registradas este domingo 12 de octubre en Quito, varios periodistas denunciaron agresiones por parte de la fuerza pública mientras cubrían las manifestaciones convocadas por organizaciones sociales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
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La jornada, que se desarrolló en distintos puntos del sur y norte de la capital, dejó múltiples denuncias de ataques a trabajadores de la comunicación que se encontraban registrando los hechos.
Periodistas agredidos durante la cobertura
Uno de los casos más graves fue el del periodista Santiago Gil, de Ecuavisa, quien reportó haber sido golpeado por agentes y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba resguardar su equipo de trabajo.
De igual manera, la periodista Gabriela Mena, de una cadena internacional de noticias, denunció en sus redes sociales que durante la cobertura de las protestas, agentes policiales le arrebataron el celular, lo destruyeron y lo pisotearon.
“Hoy la Policía me quitó el celular, lo rompió, lo lanzó al suelo y lo pisó por grabar lo que dispersaban los manifestantes”, escribió Mena.
Otra afectada fue la periodista Pamela Ledesma, quien relató que mientras registraba la detención de dos manifestantes, elementos policiales le arrebataron su teléfono móvil y la agredieron verbalmente.Según contó, logró recuperar su equipo gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos que intervinieron en el lugar.
Asimismo, los comunicadores Jorge Cano y Marcelo Negrete, de Wambra y Red Kapari, fueron retenidos y requisados por miembros de la fuerza pública, pese a identificarse plenamente como prensa acreditada.
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Finalmente, el fotógrafo de Diario El Expreso, Henry Lapo, volvió a ser víctima de agresiones por parte de uniformados, quienes lo empujaron y le exigieron retirarse de la zona de cobertura, junto con otros reporteros presentes en el norte de Quito.
Rechazo de organizaciones periodísticas
Diversas organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa han rechazado el uso excesivo de la fuerza contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones sociales, recordando que la libertad de prensa y el derecho a informar están protegidos por la Constitución y tratados internacionales.