La noche de domingo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció en un video de redes sociales y calificó de “excesivo uso de la fuerza” registrado durante la jornada de protestas en la que organizaciones sociales protagonizaron manifestaciones hacia el centro de la ciudad.
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Ayer, Quito amaneció con un fuerte despliegue de policías y militares y bajo el estado de excepción, Policía Nacional y Fuerzas Armadas definieron un amplio perímetro de cierres viales que restringió el acceso al centro de la ciudad lo que registró cierres viales.
“Lo que debería verse como una medida para cuidar la seguridad de todos terminó siendo un terreno en el que se pudo ver un uso excesivo de la fuerza. Esto es reprochable desde cualquier punto de vista”, manifestó Muñoz.
Muñoz enfatizó que la capital del Ecuador no puede convertirse en una ciudad sitiada, y que la paz no se impone con fuerza, sino con soluciones que atiendan las causas del malestar social.
“No podemos permitir que Quito termine siendo una ciudad sitiada, pues eso no habla de paz sino de imponerse por la fuerza”, señaló.
El alcalde recordó además que, días atrás, ya había advertido sobre las consecuencias sociales del incremento del precio del diésel, y reiteró la necesidad de una respuesta estructural del Gobierno Nacional a las demandas de los distintos sectores.
“Hago un llamado a las autoridades nacionales a encontrar una solución urgente y estructural a las demandas sociales”, subrayó.
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Lo que dijo el Gobierno
De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó el trabajo de las fuerzas del orden para controlar la seguridad en Quito y denunció que manifestantes usaron pirotecnia con la que intentaron alcanzar un helicóptero oficial que sobrevolaba la ciudad para analizar la situación.
Reimberg dijo que continuarán los trabajos para evitar que manifestantes se tomen la ciudad, como amenazó la semana pasada Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que convocó a un paro con carácter nacional, pero que se ha limitado a protestas en unas 6 de las 24 provincias, aunque en la de Imbabura el bloqueo es total.
El Gobierno, que entrega como ofreció compensaciones e incentivos a los sectores afectados por la eliminación del subsidio al diésel, se niega a revertir su decisión, y tampoco está dispuesto a bajar el IVA, mientras que apunta que el tema de los detenidos es un asunto judicial y no le compete al Ejecutivo.