Una ciudadana procesada por el delito de abuso sexual fue capturada por agentes de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, durante la operación “Justicia 66”, ejecutada la mañana de este 13 de octubre de 2025 en el Centro Histórico de Quito.
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La detenida, identificada como Soraida Amarilis M., de 45 años de edad, era requerida por la justicia y tenía una sentencia ejecutoriada de 13 años de prisión por el delito de abuso sexual.
La operación “Justicia 66”
Según el reporte de la Dirección General de Investigaciones, los agentes lograron ubicar a la procesada mediante técnicas investigativas y labores de seguimiento desarrolladas en el Distrito Manuela Sáenz, en el centro de la capital.
Tras su localización, Soraida Amarilis M. fue aprehendida y puesta a órdenes de la autoridad competente, cumpliendo la boleta emitida por un juzgado penal de Quito.
La Policía confirmó que la ciudadana era considerada de alta peligrosidad, debido a la naturaleza del delito por el que fue procesada y sentenciada.
Antecedentes del caso
De acuerdo con información judicial, los hechos se remontan al año 2017, cuando la implicada, junto con otra persona, habría participado en un delito sexual contra un menor de 13 años, en el sector de Carcelén, al norte de Quito.
La investigación determinó que ambas mujeres ejercían actividades de comercio sexual y habrían interceptado al menor en un parque, aprovechando la oscuridad y el aislamiento de la zona. Una transeúnte presenció el hecho y alertó a los familiares del menor, quienes presentaron la denuncia formal en la Fiscalía.
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Desde entonces, la procesada permanecía prófuga de la justicia hasta su localización y captura en esta operación.
Entrega a las autoridades judiciales
Tras su detención, la ciudadana fue trasladada bajo custodia policial hasta las instalaciones judiciales correspondientes, donde se cumplirá el proceso de ingreso al centro penitenciario designado.
La Policía Nacional del Ecuador reiteró su compromiso de ubicar y detener a personas requeridas por la justicia, especialmente en casos de delitos sexuales y violentos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.