El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado sentenció a Jairo Alonso S. B., Roberto Carlos A. V. y Santiago Isaac T. O. a diecinueve años de prisión como autores del delito de lavado de activos, tras el hallazgo de USD 751.900 en efectivo en su poder durante un control policial realizado en octubre de 2024.
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La madrugada del 22 de octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la vía Troncal Amazónica E-45, a la altura de la parroquia Borja, cantón Quijos, donde detuvieron una camioneta negra que se movilizaba desde Santo Domingo de los Tsáchilas hacia Lago Agrio. En el vehículo se encontraron dos maletas con el dinero, cuya procedencia los ocupantes no pudieron justificar.
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado presentó trece testigos y diecisiete pruebas documentales, entre ellas informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que determinaron que ninguno de los procesados ni sus cónyuges poseía cuentas bancarias, ingresos formales ni actividades económicas registradas que expliquen la tenencia del dinero.
Además, los informes confirmaron que los sentenciados no registran declaraciones aduaneras de importación o exportación, ni afiliación a la Seguridad Social, elementos que fortalecieron la acusación fiscal.
El Tribunal también dispuso abrir una investigación previa por presunto perjurio contra tres testigos presentados por la defensa, debido a inconsistencias en sus declaraciones sobre el origen del dinero.Según la versión de los procesados, el monto sería entregado a tres personas que ahora también serán investigadas.
La causa se tramitó bajo el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con penas privativas de libertad de hasta veinte años, dependiendo del monto y de la gravedad de la infracción.