La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Gilbert Esteban B. C. por el presunto delito de asesinato, tras la muerte a tiros de Andrés A. C., expareja de su esposa. El crimen ocurrió en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, y quedó grabado en cámaras de seguridad.
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Según la investigación, la víctima se encontraba en las afueras de la vivienda de sus familiares cuando fue interceptada por cinco personas que se movilizaban en motocicletas.Uno de los atacantes descendió del vehículo y disparó directamente contra él. Pese a que Andrés A. C. intentó escapar, fue alcanzado por los otros sujetos, quienes continuaron disparándole hasta causarle la muerte.
De acuerdo con testimonios de familiares y amigos que presenciaron el hecho, el presunto agresor fue identificado como Gilbert Esteban B. C., actual pareja de la exesposa de la víctima.
Tras recibir la alerta del ECU 911, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Fiscalía ubicaron al sospechoso en una vivienda de la calle Honorario Ulloa, donde fue aprehendido en flagrancia.En el lugar se decomisaron dos teléfonos celulares, una motocicleta presuntamente utilizada en el ataque, prendas de vestir y otras evidencias.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó varios elementos de convicción, entre ellos:
- el parte policial y de aprehensión,
- las versiones de los agentes,
- el acta de levantamiento del cadáver,
- la denuncia de un familiar,
- y los videos del hecho que muestran la ejecución del crimen.
El Juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el procesado. Además, dispuso medidas de protección para los familiares de la víctima, como la prohibición de acercarse, intimidar o perseguir a los testigos, y la extensión de una boleta de auxilio, conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, tiempo en el que continuarán las investigaciones para determinar la participación de los demás implicados en el hecho.
El caso se procesa bajo el artículo 140 del COIP, que sanciona el delito de asesinato con penas privativas de libertad de 26 a 30 años.