Un operativo de control sanitario realizado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) culminó con la clausura de una barbería en Riobamba, luego de comprobarse el uso de minoxidil sin registro sanitario en los clientes y la presencia de más de 100 cosméticos caducados en el local.
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El procedimiento estuvo a cargo de técnicos de la Coordinación Zonal 3 de Arcsa, quienes constataron que los productos empleados no contaban con la notificación sanitaria ecuatoriana (NSO), requisito indispensable para su comercialización y aplicación en tratamientos capilares o estéticos.
Productos caducados y sin registro sanitario
Durante la inspección, los funcionarios inmovilizaron los productos irregulares y procedieron a destruir los cosméticos caducados, como medida preventiva para evitar afectaciones a la salud de los clientes.
Según la institución, el uso de productos vencidos o sin registro sanitario puede causar reacciones alérgicas, irritaciones en la piel, caídas capilares e intoxicaciones, por lo que su control es una prioridad dentro de las acciones de vigilancia sanitaria.
Arcsa recalcó que ningún establecimiento puede fabricar, almacenar, distribuir o aplicar productos destinados al uso humano sin autorización sanitaria, conforme lo establecen la Ley Orgánica de Salud (artículos 137 y 143) y el Código Orgánico de la Salud (artículos 199 y 206).
Exhorto a establecimientos y ciudadanía
A través de un comunicado, la entidad exhortó a los prestadores de servicios estéticos a cumplir con la normativa vigente y recordó a la ciudadanía la importancia de verificar que los productos cosméticos tengan notificación sanitaria ecuatoriana vigente.
“Solo los productos con registro o notificación sanitaria garantizan su seguridad, calidad y eficacia. Arcsa continuará realizando controles permanentes en todo el país”, señaló la institución.
Arcsa mantiene operativos de inspección en peluquerías, barberías, spas y centros de estética, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud pública frente al uso de insumos irregulares o falsificados.