Las pruebas presentadas por Fiscalía en la audiencia de juicio fueron contundentes para demostrar que Ángel Darío Ll. C. es el autor directo del asesinato de su madre.
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El hecho ocurrió la noche del 17 de diciembre de 2024, en el sector de La Roldós, noroccidente de Quito. La víctima, de 66 años, fue asesinada con sesenta y cinco puñaladas en manos de su propio hijo.
La defensa alegó inimputabilidad, pero fue desmentida
En la audiencia de juicio, la defensa del acusado intentó convencer al Tribunal Penal que el procesado era inimputable, pues alegó que sus facultades mentales no eran óptimas.
Sin embargo, el Fiscal del caso echó abajo esa teoría con las pericias psiquiátricas y psicológicas que se le practicaron a Ángel Darío Ll. C. durante el proceso. Dichas pruebas fueron claves para que los jueces dicten sentencia condenatoria, ya que no se halló evidencia sobre la presencia de trastornos mentales que impidieran imponer la pena máxima por el delito de asesinato.
El Fiscal también citó el testimonio del médico legista; las pericias genética y de inspección ocular técnica, así como el informe de la autopsia. La causa de muerte de la mujer fue por una hemorragia aguda interna, ocasionada por las agresiones con arma punzocortante.
El testimonio que estremeció a la audiencia
Respecto a los hechos, se recordó que la noche del 17 de diciembre de 2024, un amigo de Ángel Darío Ll. C. llegó a su casa y lo encontró tendido en el piso de la cocina, con heridas punzocortantes en el cuello y tórax.
El joven llamó al ECU 9-1-1 para reportar la emergencia. Minutos más tarde, la hermana del procesado encontró la puerta del dormitorio de su madre cerrada con candado. Luego de forzar la entrada, halló a la mujer muerta y con heridas de arma blanca.
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Personal de emergencia llegó al inmueble. Una paramédica trasladó a Ángel Darío Ll. C. a la ambulancia; en el trayecto, él le habría dicho: “yo fui, lo hice para estar juntos en el cielo”.
El delito de asesinato por el que se procesó esta causa está tipificado en el artículo 140, inciso primero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).