El 26 de septiembre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fortalecimiento Crediticio con 77 votos a favor, tras un debate de tres horas marcado por divisiones internas y reclamos ciudadanos.
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La normativa habilita al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) a endeudarse y utilizar instrumentos financieros como bonos y préstamos, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad de los fondos del IESS.
La bancada oficialista de ADN logró consolidar el respaldo suficiente para la aprobación, aunque no contó con el apoyo total de Pachakutik, su principal aliado.
Legisladores amazónicos como José Nango y Fernando Nantipia se sumaron al sí, mientras que Cecilia Baltazar votó en contra, Edmundo Cerda optó por el blanco y otros, como Carmen Tiupul y Manuel Choro, estuvieron ausentes.
Protestas de jubilados y advertencias sobre riesgos
Mientras se desarrollaba la votación, en los exteriores de la Asamblea Nacional un grupo de jubilados protagonizó protestas contra la aprobación de la ley.
Henry Llanes, dirigente de uno de los colectivos, advirtió que la normativa podría permitir la venta de carteras hipotecarias, quirografarias y prendarias a la banca internacional, lo que pondría en riesgo los recursos de miles de afiliados.
El temor de los manifestantes se apoya en antecedentes como el caso del ISSPOL, donde se perdieron alrededor de 920 millones de dólares en operaciones financieras irregulares.
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La Policía instaló vallas metálicas alrededor del Palacio Legislativo para contener las protestas y garantizar la seguridad.
Postura oficialista y fundamentos de la normativa
Desde el oficialismo, el presidente de la sesión, Diego Franco, defendió la aprobación al señalar que la ley no privatiza los fondos del IESS, sino que busca fortalecer el sistema de seguridad social y garantizar la continuidad de las jubilaciones.
La legisladora Mishel Mancheno añadió que los fondos actuales enfrentan un serio riesgo de sostenibilidad y que esta normativa representa una alternativa estructural.
Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) reconoció aspectos positivos, como la devolución de fondos previsionales, aunque advirtió que operaciones de reporto podrían generar pérdidas significativas si se utilizan bonos estatales como garantía.
Reacciones de la oposición y acciones legales
La bancada de Revolución Ciudadana (RC), liderada por Juan Andrés González, rechazó la ley y anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional una vez que la norma sea publicada en el Registro Oficial y sancionada por el presidente Daniel Noboa.
Según RC, la normativa abre la puerta a un manejo discrecional de los recursos de los afiliados y puede comprometer el futuro de las pensiones.
Contexto económico y político de la ley
La aprobación de la Ley de Fortalecimiento Crediticio se da en un escenario de déficit presupuestario cercano a los 11.000 millones de dólares en 2025, lo que empuja al Gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
El rol del BIESS en este contexto resulta clave, ya que concentra los fondos de millones de aportantes y jubilados.
Aunque el oficialismo insiste en que la normativa garantiza la sostenibilidad de las pensiones, las críticas apuntan a que la ley podría abrir la puerta a operaciones riesgosas que comprometan la seguridad financiera de los afiliados.