Decenas de ciudadanos se congregaron este lunes, 22 de septiembre, frente a la sede de la Corte Constitucional (CC) en Quito.
PUBLICIDAD
Con silbatos, tambores y pancartas exigieron rapidez en el análisis de la solicitud presentada por el presidente Daniel Noboa para convocar a un referéndum que permita instalar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Carta Magna.
Los manifestantes reprocharon al alto tribunal la demora en el trámite y recordaron que, apenas el viernes pasado, la Corte aceptó con rapidez demandas de inconstitucionalidad contra un primer decreto presidencial.
Esa decisión dejó suspendida temporalmente la convocatoria.
La protesta se enmarca en el plazo legal de 20 días que tiene la Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas y del estatuto que regiría la conformación de la Asamblea.
Trámite en la Corte Constitucional
El pasado sábado, Noboa derogó su primer decreto y emitió uno nuevo, en el que pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) continuar el proceso de convocatoria.
Sin embargo, el organismo electoral remitió la consulta nuevamente a la Corte Constitucional para un control previo.
PUBLICIDAD
El domingo, la Corte aceptó a trámite el nuevo pedido y determinó que la vía escogida por el mandatario es la adecuada para impulsar un cambio constitucional.
A partir de allí, el tribunal inició el análisis del texto de la pregunta, de los considerandos y del estatuto de elección e instalación de la Asamblea Constituyente.
De emitirse un dictamen favorable, el CNE tendrá luz verde para incorporar la pregunta en la papeleta del referéndum del 16 de noviembre de 2025, en el que ya constan otras dos consultas: una sobre la posible instalación de bases militares extranjeras en el país y otra sobre la financiación de partidos políticos con fondos públicos.
Tensiones entre Noboa y la Corte
El debate ocurre en medio de la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
Noboa ha calificado en varias ocasiones a los jueces como “enemigos de la ciudadanía”, luego de que este organismo limitara decretos de estado de excepción y otras disposiciones enmarcadas en su estrategia de seguridad.
La pugna política se intensifica justo cuando el Gobierno busca reforzar su liderazgo en medio de la crisis económica y la inseguridad que atraviesa el país.
El presidente sostiene que una nueva Constitución es indispensable para dar estabilidad institucional y viabilizar reformas de fondo.
Asamblea Nacional respalda el referéndum
Mientras tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional expresó su apoyo al proyecto de Noboa. Con 78 votos a favor, el Legislativo aprobó este lunes una resolución que respalda el decreto presidencial como un mecanismo democrático y constitucional para devolver la soberanía al pueblo.
En el texto aprobado se afirma que las herramientas de enmienda y reforma parcial previstas en la Constitución de 2008 resultan insuficientes para atender los problemas actuales del país.
Según la resolución, Ecuador requiere un rediseño integral de su estructura política y jurídica, lo que solo podría lograrse mediante el poder constituyente originario.
El legislador Alejandro Lara, proponente de la moción, señaló que la actual Constitución se convirtió en un “manual de impunidad” y que la ciudadanía debe tener la última palabra sobre la posibilidad de redactar un nuevo texto constitucional.
El trasfondo político de la Constituyente
La iniciativa de Noboa no es nueva. Durante su campaña presidencial prometió impulsar una Asamblea Constituyente para superar los límites de la Constitución de 2008, elaborada en el gobierno de Rafael Correa.
A criterio del mandatario, el modelo actual limita la gobernabilidad, debilita la seguridad nacional y desequilibra los poderes del Estado.
La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre si la propuesta avanza o no.
Su dictamen será clave para definir si los ecuatorianos votarán el próximo noviembre sobre el inicio de un proceso constituyente.
Expectativa ciudadana y próximos pasos
Mientras los manifestantes mantienen la presión en las calles, la Corte deberá pronunciarse en los próximos días sobre la constitucionalidad de la propuesta.
Si el fallo es positivo, el CNE tendrá que organizar la logística para el referéndum en menos de dos meses, incluyendo campañas de información y promoción electoral.
De esta manera, el futuro político del país se encuentra en una encrucijada.
La decisión de la Corte Constitucional marcará si Ecuador abre o no la puerta a un rediseño integral de su Constitución y, con ello, al rumbo institucional que adoptará en los próximos años.