A partir del 1 de octubre de 2025, quienes soliciten la visa de turista/paseo/negocios B1/B2 deberán pagar una nueva “tarifa de integridad” de USD 250 además del costo tradicional de la solicitud. Paralelamente, el gobierno de EE.UU. ha impuesto un nuevo requerimiento para visas de trabajo tipo H-1B: empresas solicitantes deberán pagar USD 100.000 por cada petición nueva, solo para nuevas aplicaciones, a partir del ciclo que inicia tras el 21 de septiembre de 2025.
Estas medidas buscan fomentar que se contrate más talento local, imposibilitan que muchas compañías externas importen trabajadores debido al alto costo, y podrían afectar a solicitantes de países como Ecuador.
¿Qué es la tarifa de integridad y cuánto costará la visa B1/B2 ahora?
- Según fuentes como Boundless, desde el año fiscal 2025 la mayoría de quienes solicitan visados B1/B2 deberán pagar una nueva tasa llamada visa integrity fee de USD 250 además del costo normal de procesamiento (MRV fee). Esta tarifa no se puede eximir y solo en condiciones muy específicas podría reembolsarse tras vencerse la visa.
- El costo de procesamiento del visado B1/B2 (solicitud no inmigrante) es actualmente US$ 185 (antes de esta tarifa extra), lo que significa que el solicitante pagará al menos USD 435 en total (185 + 250) para hacer este tipo de visa, sin contar otros posibles cargos de servicio consular u otros relacionados.
¿Qué implica el pago de USD 100.000 para visas H-1B y cuál será su alcance?
- El 21 de septiembre de 2025 entró en vigor una proclamación del presidente Donald Trump que exige a los empleadores un cargo único de USD 100.000 como parte de la petición para nuevas visas H-1B (ocupaciones especializadas de trabajadores extranjeros) si el trabajador está fuera del EE.UU. cuando se presenta la solicitud.
- Esta tarifa no aplicará para quienes ya tienen visa H-1B válida o para renovaciones; solo para nuevas peticiones hechas después de la fecha establecida.
- La idea expresada por autoridades es desincentivar que empresas importen talento extranjero cuando podrían capacitar a trabajadores locales, bajo argumento de proteger el empleo y salarios nacionales.