En un pronunciamiento oficial, el Gobierno Nacional declaró el estado de excepción en varias provincias del país, ante lo que calificó como “actos de violencia e intimidación” relacionados con el conflicto sobre el proyecto minero en Quimsacocha.
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El comunicado, emitido desde la Presidencia de la República, advierte que ningún grupo puede imponer su voluntad “mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos”. La medida busca, según el Ejecutivo, “garantizar la seguridad ciudadana y el orden público”.
Asimismo, se confirmó la suspensión temporal del proyecto minero, hasta que el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay entreguen los informes técnicos necesarios. La responsabilidad del futuro de la explotación recaerá en dichas autoridades locales.
“Esto no es represión: es cumplir la ley. Nadie está por encima de la ley”, se enfatizó en el documento, en un claro mensaje a los sectores sociales y políticos que han protagonizado bloqueos y protestas en zonas estratégicas del país.
El Gobierno también rechazó los intentos de desestabilización a través de medidas de hecho y recordó que fue elegido en las urnas en dos vueltas electorales. “La democracia no se sustituye con amenazas, bloqueos o imposiciones”, afirma el texto.
De forma paralela, el Ejecutivo ratificó su decisión de avanzar hacia una Asamblea Constituyente, calificándola como un “momento histórico” para repensar el modelo institucional y garantizar mayor participación social.
El mensaje concluyó con una defensa del diálogo como vía para resolver el conflicto, y con el compromiso de priorizar “los intereses del país, y no de quienes viven del conflicto”.