Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 134, el presidente Daniel Noboa declaró el Estado de Excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La medida, con una duración de 60 días, responde a la grave conmoción interna generada por el bloqueó de varias vías del país.
PUBLICIDAD
La declaratoria suspende temporalmente el derecho a la libertad de reunión y permite la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público, proteger la vida de los ciudadanos y restablecer el libre tránsito.
Según el documento, se registraron bloqueos con violencia en sectores de Quito, Santo Domingo, Imbabura y otras provincias, con presencia de grupos organizados que afectaron el desarrollo de actividades económicas, educativas y comerciales.
Paralelamente, a través del Decreto Ejecutivo N.º 146, el Gobierno implementó medidas excepcionales para proteger a jueces, fiscales, policías y operadores judiciales ante amenazas o riesgos que afecten su función. También se ordena resguardar infraestructuras del sistema judicial y garantizar su funcionamiento.
El Ejecutivo justifica ambas decisiones como necesarias para mantener la estabilidad, enfrentar actos que atentan contra el Estado de derecho y evitar una escalada de violencia que comprometa la seguridad nacional.
Con estos decretos, el Gobierno busca enviar un mensaje de fuerza institucional frente a las protestas violentas y el debilitamiento de la función judicial. Mientras tanto, la atención se centra en si estas medidas lograrán contener la crisis sin vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía.