Ecuador está en un nuevo estado de excepción por 60 días en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida se fundamenta en la necesidad de mantener el orden público ante una grave conmoción interna. La gran pregunta es ¿qué está prohibido y qué no?
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Aunque la declaratoria podría terminar antes de lo previsto, durante este periodo se aplican restricciones específicas que limitan algunos derechos ciudadanos.
Lo que está prohibido
Uno de los principales alcances del decreto es la suspensión del derecho a la libertad de reunión. Esto implica que:
- Se prohíben las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día si estas buscan paralizar servicios públicos o afectar la seguridad ciudadana.
- Bloqueos de vías y obstáculos al libre tránsito.
- Manifestaciones violentas.
- Las autoridades podrán impedir y desarticular reuniones que representen amenazas al orden constituido o que atenten contra derechos, libertades y garantías de la ciudadanía.
Intervención de Fuerzas Armadas y Policía
El decreto faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a intervenir directamente para mantener el orden en las provincias afectadas.
Su rol será:
- Evitar actos de violencia.
- Garantizar el derecho a la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas.
- Impedir la paralización de servicios públicos.
- Proteger la integridad física de las personas, así como el patrimonio nacional y cultural.
Lo que sí se puede hacer
El Gobierno aclaró que esta suspensión no significa la eliminación total del derecho a la protesta.
- Los ciudadanos aún pueden manifestarse siempre que lo hagan de manera pacífica, sin violencia ni afectaciones a terceros.
- Circular por las vías habilitadas.
- Trabajar y ejercer actividades económicas.
Evitar escenarios de violencia
Según el Ejecutivo, la medida busca reforzar la presencia del Estado en el territorio, garantizar la convivencia pacífica y limitar escenarios de violencia contra personas, bienes públicos y privados.
“Se trata de mantener un tiempo suficiente para fortalecer el orden público y prevenir que hechos violentos escalen en estas provincias”, señala el decreto.