Mediante Decreto Ejecutivo 134, el presidente Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, “por la causal de grave conmoción interna".
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Esta situación se da en medio de las protestas que se han suscitado en varios puntos del país por parte de los transportistas en contra de la eliminación del subsidio al diésel que pasó de de USD 1,80 a USD 2,80. Las manifestaciones se han dado, aún cuando el Ejecutivo ha otorgado compensaciones económicas a los conductores.
Por manifestaciones
No obstante, el Gobierno explica que esta declaratoria “se fundamenta en la situación fáctica (...) que evidencia las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas".
La medida busca detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana.
Esta declaratoria se focaliza en dichas provincias por ser aquellas donde se concentran la “mayoría de actos violentos, paralización del transporte" y los cierres de vías.
“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social", indica el documento.
¿Por cuánto tiempo?
El estado de excepción tendrá una duración de 60 días, sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria. Este plazo lo fundamenta el Gobierno en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio “indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados".
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Derecho a la libertad
Se suspende en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, el derecho a la libertad de reunión.
Esta medida consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanas.
Impedirán amenazas
En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana, así como al orden constituido, o paralización de servicios públicos, en estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales.
Se aclara que ello no implica restricción al derecho a manifestarse siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía.
Se dispone además la movilización de las entidades de la Función Ejecutiva, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias, ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden, prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y desarrollo de actividades económicas.
La movilización de las Fuerzas Armadas y su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado.
La movilización de la Policía Nacional tendrá por objeto reforzar el control interno para garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos a nivel nacional y la intervención emergente ante incidentes que vulneren derechos de las personas, garantizar el derecho al libre tránsito, libre desarrollo de actividades económicas y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural.