Diálogo, compensaciones, seguridad y renovación del parque automotor: estos son los principales temas que los transportistas de Pichincha han solicitado al Gobierno Nacional, en un contexto marcado por el retiro del subsidio al diésel y el inicio del programa de compensaciones.
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Transportistas piden ser parte de las decisiones que los afectan
La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, liderada por su presidente Carlos Brunis, expuso un conjunto de solicitudes dirigidas al Ejecutivo. La primera, y quizás más urgente, es la creación de mesas de diálogo permanentes en la provincia de Pichincha, especialmente en Quito.
“Una de las peticiones fundamentales fue que se instalen mesas de diálogo. Nosotros siempre hemos manifestado que Pichincha también debe ser parte de estas conversaciones, al menos en las que se realicen aquí, en Quito”, señaló Brunis en una entrevista exclusiva con METRO ECUADOR.
El gremio insiste en que estas mesas permitirán canalizar inquietudes, debatir propuestas y obtener respuestas directas de las autoridades, evitando decisiones centralizadas sin participación de las provincias.
Dudas sobre el cálculo técnico de los 700 galones
Uno de los temas más polémicos ha sido el cálculo de los 700 galones mensuales como base del sistema de compensación para transportistas, dentro del plan de focalización del subsidio al diésel.
Brunis cuestionó la falta de claridad sobre cómo se llegó a esa cifra. “No sabemos cuál fue la metodología que se utilizó. Lo que pedimos es que nos ayuden con esa información. Tal vez no se consideraron factores importantes, y eso puede afectar el cálculo real del consumo de los transportistas”.
El sector plantea que en las mesas técnicas se revise esta cifra con sustento técnico, considerando variables como tipo de operación, rutas, kilómetros recorridos y condiciones del parque automotor.
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Avanza el registro, pero se pide más agilidad
En cuanto al registro para acceder a la compensación, Carlos Brunis destacó avances importantes, como la habilitación de cuatro puntos de inscripción para que los representantes legales de las operadoras puedan registrar a sus afiliados.
“Ya no es necesario que cada socio vaya personalmente. El representante puede hacer el registro con los datos de su operadora, y eso agiliza mucho el proceso. Incluso sabemos que ya se ha entregado compensación en Quito”, mencionó.
Este avance es positivo, pero el gremio insiste en que debe mantenerse y ampliarse para cubrir la demanda en toda la provincia.
Seguridad: una prioridad compartida con la ciudadanía
Otra preocupación central para el gremio es la inseguridad en las rutas y terminales, un problema que afecta tanto a los conductores como a los usuarios del transporte público.
Brunis reveló que estaban convocados a una reunión con el Ministerio del Interior, la cual no se concretó debido a hechos recientes de orden público. Sin embargo, ya recibieron una nueva invitación para abordar el tema.
“La seguridad también es una prioridad para nosotros. Es algo que impacta a toda la ciudadanía. Esperamos que en esa reunión se generen acciones concretas”, sostuvo el dirigente.
Renovación del parque automotor: un clamor pendiente
Finalmente, el presidente de la Federación de Transporte de Pichincha expuso un pedido estructural de largo plazo: la renovación del parque automotor, que en muchas operadoras ya ha cumplido su vida útil.
“El país merece un transporte moderno y seguro. Los compañeros necesitan acceder a créditos que les permitan adquirir mejores unidades. Eso va a fortalecer el servicio, mejorar la seguridad y también dinamizar la economía”, expresó Brunis.
Para el gremio, este proceso debería contar con apoyo estatal o facilidades financieras que reconozcan el rol estratégico del transporte terrestre en el desarrollo del país.