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Corte Constitucional admite pregunta sobre contratación por horas en turismo y no da paso a la de reducción de asambleístas

Se declara constitucional la contratación por horas en el sector turístico, mientras se rechaza la reducción del número de asambleístas por falta de información clave.

Fuerte resguardo militar y policial en la Corte Constitucional.  API/HENRY LAPO
Fuerte resguardo militar y policial en la Corte Constitucional. (HENRY LAPO/API)

La Corte Constitucional del Ecuador emitió tres decisiones clave que impactan directamente la participación ciudadana y la seguridad en el país. La ciudadanía podrá pronunciarse en referendo sobre la eliminación del financiamiento público a partidos políticos y se mantiene la aplicación del estado de excepción en varias provincias afectadas por hechos de violencia.

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En el ámbito del referendo, la Corte aprobó la reforma que propone que los partidos y movimientos políticos se financien únicamente con aportes de sus afiliados y simpatizantes, tras eliminar considerandos y modificaciones que no estaban contempladas en la pregunta oficial.

En cuanto a las propuestas presentadas por el Ejecutivo, se declaró constitucional la contratación por horas en el sector turístico, siempre que se respete la primera relación laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores.

Por el contrario, la reducción del número de asambleístas fue rechazada, debido a que no se informó adecuadamente sobre la disminución de 151 a aproximadamente 73 legisladores, lo que impedía un voto informado.

Sobre la declaratoria de estado de excepción

Sobre la declaratoria de estado de excepción, la Corte confirmó su constitucionalidad en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía (Bolívar), mientras que se excluyeron los cantones La Maná (Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar) por falta de justificación del Ejecutivo.

Con estas decisiones, la Corte Constitucional reafirma su papel como garante de la supremacía de la Constitución, asegurando que los procesos de referendo y medidas excepcionales se realicen dentro del marco legal y protegiendo los derechos ciudadanos.

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