La eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno de Daniel Noboa ha recibido el respaldo de importantes gremios empresariales del país. La Cámara de Industrias, Producción y Empleo (CIPEM) y la Cámara de Comercio de Cuenca han manifestado públicamente su apoyo a esta medida, considerándola una acción necesaria y oportuna para la economía.
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Ambas cámaras coinciden en que el subsidio, que ascendía a más de USD 1.100 millones anuales, generaba distorsiones en la economía. El subsidio no beneficiaba de forma eficiente a los sectores productivos que realmente lo necesitaban. Por el contrario, se utilizaba indebidamente, alimentando prácticas ilícitas como el contrabando y el financiamiento de grupos delictivos, de acuerdo con la postura de la CIPEM.
En un comunicado detalla que el respaldo se fundamenta en la convicción de que la redirección de estos recursos liberados permitirá fortalecer áreas cruciales para el desarrollo del país, como salud, educación, seguridad e infraestructura. Se estima que solo el 10% del subsidio beneficiaba directamente a los sectores productivos formales, lo que evidencia la ineficiencia de la política anterior.
Sostenibilidad fiscal
Desde la perspectiva de los gremios, la eliminación del subsidio es una medida que contribuye directamente al fortalecimiento de la salud fiscal de la economía nacional y fomenta la competitividad del país. La Cámara de Comercio de Cuenca subraya que la revisión de esta política es crucial para la sostenibilidad fiscal y para la creación de un entorno económico más competitivo y generador de oportunidades para el sector privado.
Las cámaras se comprometen a seguir trabajando de la mano con el sector público y privado para asegurar que la reasignación de los recursos sea efectiva y se traduzca en mejoras concretas para la sociedad ecuatoriana. Este consenso entre el gobierno y el sector productivo resalta la importancia de adoptar políticas económicas que sean fiscalmente responsables y que promuevan el desarrollo equitativo y seguro del país.
Gasto histórico que generaba distorsiones
El analista económico Alberto Acosta Burneo, igualmente ha presentadu su postura y respaldo a la eliminación del subsidio a ese combustible. Destacó en una publicación que hizo en su cuenta de X que durante más de cinco décadas el subsidio al combustible representó un “despropósito histórico” para Ecuador, con un costo acumulado de más de USD 60.000 millones. Sostuvo que este subsidio, lejos de beneficiar a los más vulnerables, se convirtió en una transferencia masiva de recursos hacia los más ricos, generando un gasto fiscal insostenible.
Acosta Burneo resalta que la reforma es una decisión bien diseñada que se implementará en tres pasos clave para mitigar el impacto en la ciudadanía:
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- Compensaciones directas a los usuarios del transporte público.
- Un ajuste gradual del precio, que pasará de USD 1.80 a USD 2.80 por galón.
- Una banda de precios que suavizará el impacto de las fluctuaciones de la cotización internacional.
Esta nueva política busca garantizar que los recursos fiscales se destinen a quienes realmente lo necesitan, rompiendo con el esquema anterior donde los subsidios eran generalizados.
Menciona que uno de los temores más comunes ante la eliminación de subsidios es el llamado “fantasma de la espiral inflacionaria”. Sin embargo, desmiente esta creencia, citando el caso de la eliminación del subsidio a las gasolinas en junio de 2024, que demostró que la inflación tuvo un repunte temporal y luego descendió.
Asimismo, se aborda el “mito del ataque al sector productivo”. Se argumenta que, para la mayoría de los sectores, los combustibles representan apenas un costo marginal en la producción, lo que significa que el impacto directo es limitado. La medida, por lo tanto, no afectará de manera significativa la competitividad del sector productivo formal.
El consenso entre el gobierno, el sector productivo y los analistas económicos resalta la importancia de adoptar políticas que sean fiscalmente responsables y que promuevan el desarrollo equitativo y seguro del país.