El caso por el presunto femicidio de María Fernanda López Rodríguez entra en una etapa clave. La Corte Provincial de Pichincha deberá decidir si mantiene la prisión preventiva contra José D., procesado desde junio de 2025. La defensa de la víctima denuncia irregularidades y sostiene que existen pruebas contundentes que vinculan al sospechoso.
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El lunes 8 de septiembre a las 08:30, el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha celebrará la audiencia de apelación a la prisión preventiva de José D., procesado por el presunto delito de femicidio de su expareja, la modelo cuencana María Fernanda López Rodríguez. La medida de prisión preventiva fue dictada el pasado 13 de junio, junto con el inicio de una instrucción fiscal de 90 días.
Contexto del caso
La audiencia de formulación de cargos permitió establecer indicios suficientes para abrir la investigación. Según el abogado de la familia, Lenin Solís, se practicaron pruebas periciales como luminol, autopsia forense y toma de versiones. La hija de María Fernanda relató episodios de violencia psicológica, física y patrimonial, mientras que la madre de la víctima advirtió que había alertado sobre los riesgos de la relación con José D.
La coartada desmontada
La Fiscalía cuestionó la línea de tiempo presentada por el procesado entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 2025, cuando María Fernanda fue reportada como desaparecida. José D. afirmó haber acudido a una oficina en el norte de Quito, pero la administración confirmó que el lugar estaba desocupado desde diciembre de 2024. También alegó haberse sometido a un tratamiento capilar, pero la clínica negó tanto el procedimiento como su registro como cliente.
El ADN que lo vincula
Durante la exhumación, los peritos confirmaron que la causa de muerte fue estrangulamiento y que el cuerpo presentaba heridas previas. El cotejamiento de ADN reveló que en las uñas de la víctima estaba presente el perfil genético de José D., lo que contradice su versión de no haber tenido contacto con María Fernanda al menos 15 días antes de la desaparición.
La apelación y las denuncias de irregularidades
El abogado Lenin Solís señaló que la defensa de la víctima ha presentado pruebas suficientes para sostener la responsabilidad de José D. Sin embargo, denunció decisiones inusuales del tribunal, como la rapidez para adelantar la audiencia inicialmente prevista para octubre, el cambio de horarios y una resolución que argumentaba la existencia de una epidemia de fiebre amarilla en Ecuador para evitar la modalidad presencial.
“Es llamativo que el tribunal dé trámite inmediato a los pedidos de la defensa y la Fiscalía, pero no a los planteados por la acusación particular”, señaló Solís. La familia pide la supervisión del Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo para garantizar imparcialidad.
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La audiencia de apelación definirá si José D. permanece en prisión preventiva o si se sustituye la medida. Mientras tanto, la instrucción fiscal continúa y se esperan nuevos elementos en los próximos meses. El caso ha generado amplia atención nacional y sigue bajo observación de las autoridades competentes.