La madrugada del 14 de agosto de 2025, la vida de Javier Sánchez y su familia cambió para siempre. En un hecho que la defensa califica como un intento de asesinato, un cabo de la Policía Nacional irrumpió violentamente en una vivienda ubicada en el sector de Alangasí, en el Valle de Los Chillos, y disparó a la cabeza de Javier Sánchez a quemarropa. A pesar de la gravedad de lo sucedido, la familia denuncia que el uniformado continúa en funciones activas.
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El abogado de la familia Sánchez Escobar, Fernando Castillo Brito, relató en entrevista con Metro Ecuador cómo ocurrieron los hechos y cómo avanza el proceso judicial. Según su testimonio, la madrugada del 14 de agosto, alrededor de las 2:00, Javier Sánchez se encontraba reunido con familiares y amigos en su vivienda. Entre los invitados estaba una mujer que mantenía una relación sentimental con el agresor, identificado como Marco G., cabo de la Policía Nacional en servicio activo.
De acuerdo con la narración del abogado, el uniformado llegó acompañado de la madre de su pareja, irrumpió violentamente en la vivienda y rompió la puerta del garaje para ingresar al inmueble. Vestía su uniforme institucional y portaba su arma de dotación. “Este sujeto procede a detonar su arma dos veces, una al aire y otra contra el cerramiento de la vivienda. Se identifica como miembro de la Policía Nacional y exige la presencia de su pareja”, explicó Castillo.
Los ocupantes de la vivienda, nerviosos y atemorizados, permitieron que el policía hablara con su pareja. Sin embargo, el encuentro se tornó violento: “Una vez frente a ella, la agrede físicamente, le propina golpes y empujones. Ante esto, Javier y su hermano Fabián intervienen para evitar que continúe la agresión”. Con prudencia, lograron que el uniformado saliera de la vivienda.
Pero lo peor aún no ocurría. Segundos después, el cabo regresó con más violencia. Volvió a derribar la puerta del garaje, empujó y derribó a la cuñada de Javier y se abalanzó contra él. En un video que forma parte de las evidencias se observa cómo el policía golpea a Javier, quien resbala en el suelo irregular. Fue en ese momento que el cabo rastrilló el arma, apuntó a la cabeza de Javier y disparó a quemarropa.
“El disparo se hizo a menos de 50 centímetros, prácticamente a quemarropa. Milagrosamente, el resbalón evitó que el proyectil ingresara de lleno a la masa encefálica, pero destrozó el parietal izquierdo de Javier”, relató el abogado. Tras el ataque, el uniformado huyó del lugar en un vehículo que lo esperaba en las cercanías.
El hecho quedó grabado en video:
La familia, desesperada, llamó al ECU-911. Ante la demora de las ambulancias, decidieron trasladar a Javier por sus propios medios a un hospital privado en el Valle de Los Chillos. Posteriormente fue llevado al Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, donde permanece bajo tratamiento especializado.
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Las irregularidades comenzaron de inmediato. Según Castillo, cuando llegó personal de Criminalística no se actuó con diligencia: “Era la policía investigando a la misma policía. No se levantaron las pruebas de manera adecuada. Ni siquiera se emitió el parte informativo de flagrancia, a pesar de que el agresor estaba plenamente identificado”.
Aún más indignante para la familia fue que la Fiscalía, en un inicio, pretendió procesar el caso como lesiones y no como tentativa de asesinato. “Esto es aritmética. Si disparo en la cabeza de alguien, lo más probable es que muera. No se podía pretender que quede como lesiones”, reclamó el abogado. Finalmente, la denuncia fue ingresada bajo el artículo 140 del COIP, como asesinato en grado de tentativa, que contempla penas de hasta 16 años y 8 meses de prisión.
Otro aspecto que alarma a la familia es que el cabo de Policía sigue en funciones activas. “No sabemos si aún porta el arma de dotación. Sabemos que incluso se presentó a trabajar al día siguiente y pidió vacaciones. No hay certeza de que haya sido suspendido”, afirmó Castillo. Ante esta situación, la defensa ha presentado oficios a la Comandancia de la Policía, Asuntos Internos y al Ministerio del Interior, exigiendo medidas inmediatas y la suspensión del uniformado.
El abogado también denunció que la familia ha recibido amenazas y llamadas anónimas para que no sigan con el proceso judicial. Javier Sánchez permanece bajo resguardo policial en el hospital, en el marco del programa de víctimas y testigos.
“En menos de 15 días, dos hechos similares involucran a policías en servicio activo. Esto no es un caso aislado. Necesitamos que la justicia actúe, porque un policía disparó a la cabeza de un ciudadano con su arma oficial y hasta hoy sigue protegido por el uniforme”, concluyó el abogado de la familia.
La familia Sánchez Escobar insiste en que el caso se investigue con transparencia y que se haga justicia por el intento de asesinato que casi le cuesta la vida a Javier Sánchez.