Un total de dieciséis militares procesados por el delito de asociación ilícita recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva y quedaron en libertad. Deberán presentarse dos veces por semana en la Fiscalía Provincial de Loja, según dispuso el juez que conoció la audiencia de formulación de cargos.
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La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra 24 personas por su presunta participación en una red de contrabando de mercaderías y derivados de hidrocarburos. Los operativos, ejecutados en 11 provincias del país, permitieron la aprehensión de 16 militares en servicio activo y 8 civiles.
Militares con presentaciones periódicas
Los uniformados que recibieron medidas alternativas son: Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., Jéfferson B., Émerson S. y Jordan M.
Por su parte, el juez dictó prisión preventiva para Diana P., Byron M., Jorge V., Milton M., Henry S., Maricela E., Fredi V. y Julio B.
La investigación
La investigación inició hace aproximadamente nueve meses, tiempo en el cual se aplicaron técnicas especializadas que permitieron ubicar a un grupo de personas que habría cometido actos ilícitos en la frontera entre Ecuador y Perú, mediante la coordinación con personal militar del control fronterizo Puyango, en Loja.
Según Fiscalía, a cambio de dinero y dádivas, se facilitaba el paso de mercaderías desde Perú y de combustibles desde Ecuador, evadiendo los controles respectivos.
El operativo
El operativo nacional movilizó a 250 personas, entre ellas 28 fiscales con sus equipos, que ejecutaron 33 allanamientos en Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y Sucumbíos.
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Entre los indicios incautados constan 18 teléfonos móviles, facturas, computadores, documentación y dinero en efectivo. Además, se presentó un informe preliminar investigativo con conversaciones y coordinaciones para evadir controles fronterizos.
Perjuicio al Estado
La Fiscalía estimó que el perjuicio económico para el Estado bordea los 20 millones de dólares, debido al contrabando detectado en este caso.
Base legal
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años.