La falta de pago al personal de empresas proveedoras de servicios de limpieza y seguridad en hospitales públicos, principalmente en Manabí, ha generado protestas en las últimas semanas.
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Ante esta situación, la ministra de Economía, Sariha Moya, expuso las razones detrás de los retrasos y defendió la gestión del Gobierno.
Atrasos por procesos internos en hospitales
Según Moya, los plantones no se deben a fallas operativas del Ministerio de Finanzas, sino a que los hospitales “generan tarde los cursos de pago”.
Recordó que cuando asumió el cargo en abril, la deuda con proveedores de salud era de USD 108 millones y actualmente supera los USD 500 millones.
La funcionaria añadió que, desde ese mes, el Gobierno ha duplicado los recursos destinados a estas empresas, aunque reconoció que la deuda continúa acumulándose.
Protestas en hospitales de Manabí
Horas antes de la declaración de la ministra, trabajadores de seguridad y limpieza del Hospital de Especialidades de Portoviejo realizaron un plantón, denunciando que llevan hasta once meses sin cobrar sus sueldos, correspondientes a servicios prestados en 2023 y 2024.
Situaciones similares se han repetido en otros hospitales del país, en medio de una crisis sanitaria que ha puesto bajo presión al sistema público.
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Crisis de salud y escasez de insumos
El debate sobre los pagos a proveedores surge tras el fallecimiento de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, a inicios de agosto, presuntamente por falta de insumos médicos.
El Colegio Médico del Guayas y otras organizaciones del sector han exigido que se declare la emergencia sanitaria, advirtiendo que en al menos cinco hospitales públicos los servicios básicos de seguridad y limpieza funcionan de manera deficiente.
Creación del Comité Nacional de Salud Pública
En respuesta, el presidente Daniel Noboa creó el Comité Nacional de Salud Pública (Consap) para enfrentar la crisis.
Según Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, ya se concluyó la planificación para una compra masiva de medicamentos, con el fin de garantizar el abastecimiento en la red hospitalaria pública por los próximos 18 meses.
La ministra Moya insiste en que el Gobierno trabaja para cumplir con los proveedores y estabilizar los pagos, aunque el personal afectado advierte que la espera ya se volvió insostenible.