La Contraloría General del Estado ha iniciado una auditoría de gestión en el Hospital Universitario de Guayaquil. La decisión responde a un pedido formal de los asambleístas Viviana Veloz y Luis Fernando Molina, quienes han puesto en el foco el trágico fallecimiento de al menos 12 neonatos en las últimas semanas.
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La revisión, de carácter urgente, busca esclarecer si la crisis sanitaria que cobra vidas de los más vulnerables está vinculada a fallas administrativas, de infraestructura o a la falta de insumos cruciales.
La cronología de una tragedia anunciada
La situación se tornó pública cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció la muerte de varios recién nacidos por la supuesta falta de cánulas nasales, un insumo médico de bajo costo. Aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) negó esta versión y atribuyó las muertes a causas multifactoriales, incluyendo una infección por Klebsiella pneumoniae, la presión política no cesó.
Los asambleístas Veloz y Molina, en su solicitud a la Contraloría, calificaron la comparecencia del viceministro de Salud como “confusa”, lo que los llevó a formalizar la auditoría.
El pedido de los legisladores va más allá de un simple conteo de muertes
Se centra en cuatro auditorías específicas que prometen una radiografía completa de la gestión hospitalaria:
Auditoría al proceso de emergencia: Para evaluar la respuesta, los tiempos de atención, la disponibilidad de personal y equipamiento, y el cumplimiento de protocolos médicos.
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Auditoría de hospitalización: Con un enfoque en la infraestructura, el control de infecciones, y la disponibilidad de insumos y recursos humanos.
Auditoría de tratamientos: Analizando la pertinencia médica, el uso de medicamentos y el seguimiento clínico de los pacientes.
Auditoría de la gestión general: Para determinar si las acciones del hospital se han desarrollado conforme a los principios de eficacia, eficiencia y respeto a los derechos constitucionales.
Datos
Los datos oficiales confirman la gravedad de la situación. Según cifras del Ministerio de Salud, entre enero y agosto de 2025, un total de 624 bebés han fallecido en hospitales públicos a nivel nacional.
Específicamente, el Hospital Universitario de Guayaquil ha registrado 75 muertes neonatales en el mismo período, con 22 de ellas atribuidas a inmadurez extrema, 19 a nacimiento pretérmino y 15 a dificultades respiratorias.
Esta cifra, que ha ido en aumento en los últimos años, con tasas de mortalidad neonatal que pasaron del 7,9% en 2022 al 9,08% en 2024, coloca al hospital en el centro de la controversia.
La Fiscalía, por su parte, ha iniciado una investigación de oficio para recabar testimonios y esclarecer las responsabilidades. El clamor de los familiares de las víctimas y las denuncias de personal médico anónimo han revelado un panorama de precariedad, con denuncias de falta de incubadoras, respiradores defectuosos y escasez de suministros básicos.
La auditoría de la Contraloría es, sin duda, la pieza clave en esta investigación. Su alcance, que incluye la revisión de procesos precontractuales, la adquisición de medicamentos y equipos, y el control de inventarios, podría revelar no solo negligencia, sino también posibles actos de corrupción que impactan directamente en la vida de los pacientes. La historia del Hospital Universitario de Guayaquil no es ajena a la polémica, con informes de la Contraloría en años anteriores que han señalado presuntos sobreprecios en la compra de insumos médicos.
La tragedia de los neonatos ha expuesto las fallas crónicas del sistema de salud público en Ecuador. La auditoría en curso no solo busca determinar responsables, sino que se convierte en una oportunidad para que el Estado enfrente de una vez por todas la crisis sanitaria que, silenciosa pero letalmente, cobra vidas en sus centros de atención.