En un giro impactante de los acontecimientos en el condado de Letcher, Kentucky, el sheriff local, Mullins, asesinó al juez Shawn Stines a tiros, después de descubrir que el tribunal de Stines estaba involucrado en una red de abuso sexual y tráfico de favores políticos.
PUBLICIDAD
¿En qué consistía la red de extorsión sexual?
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, el sheriff Mullins y otros funcionarios de la zona habrían organizado encuentros sexuales en los que se coaccionaba a jóvenes a tener relaciones a cambio de dinero o beneficios judiciales.
Varias mujeres han denunciado haber sido atrapadas en un esquema de extorsión sexual, con la colaboración de oficiales locales, tal como reportó The New York Post.
Una de las víctimas, Tya Adams, habló públicamente sobre su experiencia en el programa Banfield de NewsNation:
“Era consensuado, pero éramos muy jóvenes. Después, utilizaban esa situación para arruinar nuestras vidas”.
Adams relató que participó en actos sexuales frente a otras personas, y aceptó hacerlo por miedo a que los servicios de protección infantil se intervinieran en su vida.
El crimen capturado por cámaras de seguridad
El asesinato del juez Stines fue grabado por cámaras de seguridad ubicadas en el lugar. La investigación ha revelado que, horas antes de cometer el crimen, el sheriff Mullins compartió un almuerzo con el juez.
Las grabaciones muestran cómo el sheriff ingresa al despacho del juez, hace varias llamadas a su hija y luego abre fuego en su contra.
PUBLICIDAD
Tras el tiroteo, Mullins se entregó a las autoridades, argumentando que actuó porque temía que su familia fuera secuestrada. En su defensa, alegó estar pasando por una “perturbación emocional extrema”, pero la fiscalía lo acusa de asesinato de un funcionario público. El sheriff permanece en prisión sin derecho a fianza.
La investigación continúa
El juicio de Mullins, que aún está por realizarse, será fundamental no solo para esclarecer las circunstancias del asesinato.
Así también para revelar cómo funcionaba un sistema judicial que, según las víctimas, operaba más como un negocio oculto que como una corte de justicia legítima.