El pasado 19 de agosto de 2025, la Corte Constitucional (CC) recibió una notificación oficial del Ministerio de Ambiente y Energía, en la que se establecía la terminación inmediata del convenio de cooperación que le permitía ocupar el edificio Tamagar, ubicado en las calles José Tamayo y Lizardo García, en el centro norte de Quito.
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El oficio, dirigido al presidente de la Corte, Jhoel Escudero, hacía referencia a la finalización del acuerdo firmado en 2019, así como de sus adendas y renovaciones posteriores.
En el documento se disponía un plazo de un mes improrrogable para que la Corte liberara por completo el inmueble.
Un desalojo con base en decretos presidenciales
La medida se sustentaba en los decretos ejecutivos 60 (del 24 de julio) y 94 (del 14 de agosto), emitidos por el presidente Daniel Noboa, tras la fusión del Ministerio de Energía con el de Ambiente.
Según el Gobierno, la decisión respondía a la necesidad de centralizar unidades técnicas, operativas y administrativas para una gestión más eficiente.
El plan inicial era destinar el edificio Tamagar al personal que trabaja en proyectos de inversión estratégicos.
Revés en la decisión: el oficio quedó sin efecto
Sin embargo, apenas 24 horas después, el mismo Ministerio remitió un nuevo oficio a la Corte Constitucional en el que informaba que la orden de desalojo quedaba insubsistente.
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Es decir, la disposición presidencial fue revocada, dejando sin efecto la exigencia de trasladar a los funcionarios del máximo organismo de control constitucional.
Reacciones e incertidumbre institucional
El abrupto cambio de decisión ha generado cuestionamientos en distintos sectores sobre la falta de claridad en la gestión administrativa del Gobierno respecto a bienes inmuebles del Estado.
Mientras tanto, la Corte Constitucional continúa con sus labores en el edificio Tamagar, aunque no se descarta que en el futuro se planteen nuevas disposiciones sobre su permanencia en esas instalaciones.