El 6 de febrero de 1997, el Congreso Nacional destituyó al entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz, alegando “incapacidad mental para gobernar”. La decisión se produjo en medio de protestas masivas, denuncias de corrupción y una creciente crisis económica.
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Con 44 votos a favor —el mínimo necesario—, el Legislativo declaró vacante la Presidencia y nombró a Fabián Alarcón como mandatario interino, mientras Bucaram denunciaba un golpe de Estado y se exiliaba en Panamá.
La intervención de la CIDH
Han pasado 28 años desde aquel episodio, pero la CIDH ha solicitado al Estado ecuatoriano explicaciones formales sobre las circunstancias y fundamentos jurídicos que justificaron la destitución en un plazo de tres meses.
“Se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este (el Estado ecuatoriano) presente sus observaciones”, se lee en el documento.
El pedido de información de la CIDH no implica, por sí mismo, una sanción al Estado ecuatoriano, pero podría derivar en un informe de fondo o en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto abriría un debate sobre la legitimidad de la destitución y sus consecuencias políticas, así como sobre la reparación que Bucaram podría reclamar.
Lo que dice Bucaram
El exmandatario reaccionó a través de la red social X y manifestó que nunca es tarde para hacer justicia.
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“¿Cómo se puede destituir por loco a un presidente sin tener siquiera un diagnóstico de un psiquiatra de barrio? 44 pillos se robaron el poder junto a los patriarcas del país (...) Gracias a Panamá por haberme concedido el asilo político. Te amo Panamá”, manifestó el exmandatario.