La Asamblea Nacional aprobó con 81 votos a favor el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República del Ecuador, impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el objetivo de eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos.
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La propuesta plantea que las organizaciones políticas se financien únicamente a través de aportes de afiliados, simpatizantes y adherentes, eliminando la asignación de fondos provenientes del Presupuesto General del Estado.
¿Qué busca la reforma?
Según el documento firmado el 7 de agosto de 2025 por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, y el secretario general, Giovanny Bravo Rodríguez, la reforma tiene como objetivo garantizar una participación ciudadana más equitativa y evitar el mal uso de recursos públicos, en particular durante procesos electorales.
Además, se mantiene la prohibición de uso de recursos e infraestructura estatal, así como de publicidad gubernamental, para campañas políticas en todos los niveles de gobierno. La ley establecerá mecanismos de control y sanciones para quienes incumplan esta disposición.
¿Qué cambiaría en la Constitución?
La reforma implicaría los siguientes cambios clave:
Artículo 110 reformado: Los partidos y movimientos políticos ya no recibirán asignaciones del Estado. Se financiarán exclusivamente con aportes de sus bases.El requisito del 5% de votos válidos en dos elecciones pluripersonales se mantiene para obtener derechos y obligaciones equivalentes a los partidos políticos.
Artículo 115 reformado: Se ratifica el deber del Estado de garantizar la promoción electoral equitativa a través de medios de comunicación.Se prohíbe expresamente el uso de fondos públicos y recursos estatales para campañas políticas.Se incluirán sanciones legales y mecanismos de control del gasto electoral.
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Procedimiento y referéndum
La Corte Constitucional validó que el proyecto cumple los requisitos para tramitarse vía reforma parcial. Por ello, con la aprobación de la Asamblea Nacional, debe existir la convocatoria a referéndum constitucional.
La ciudadanía deberá decidir en las urnas si está de acuerdo con suprimir la entrega de fondos públicos a partidos y movimientos políticos.