El pasado 15 de mayo de 2025, una alerta ciudadana llegó a la Unidad de Bienestar Animal (UBA): un hombre llevaba ocultos a dos cachorros en una mochila, con la intención de venderlos en el espacio público, cerca del parque La Carolina, al norte de Quito.
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Gracias a esta denuncia, se realizó un operativo encubierto. Una inspectora de la UBA se hizo pasar por compradora, y logró grabar el momento exacto en que el infractor pedía USD 120 por cada cachorro.
Maltrato y evidencia de explotación animal
Lo que comenzó como un caso de comercio ilegal terminó revelando una historia de explotación animal. La inspectora descubrió que la madre de los cachorros estaba encerrada por horas dentro de un carro estacionado cerca del lugar. El vendedor la utilizaba como “garantía de raza”, mostándola como prueba de que los perros eran tipo Husky.
La situación encendió las alarmas sobre una práctica cruel: usar a las hembras como máquinas de reproducción, sometiéndolas a embarazos continuos sin descanso, ni control veterinario, ni condiciones dignas.
Sanciones y rescate
Tras comprobar la infracción en flagrancia, la UBA procedió al retiro inmediato de los tres animales (dos cachorros y su madre). Luego de recibir atención veterinaria, valoración médica y ser esterilizados, los tres fueron entregados en adopción responsable.
El caso de la madre, ahora llamada Kiara, tuvo un final feliz. Actualmente vive con una familia que la cuida, y hasta tiene un perfil de Instagram (@kiara_ec_) donde se muestran sus nuevas aventuras, lejos de la explotación.
Venta de animales en espacios públicos: infracción muy grave
Según el Código Municipal, la venta de animales de compañía en espacio público es considerada una infracción muy grave, sancionada con 10 salarios básicos unificados, es decir, USD 4.700.
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En lo que va del 2025, la UBA ha ejecutado 87 intervenciones por esta práctica, especialmente en puntos críticos como los mercados Las Cuadras y El Quinche.
Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha emitido 45 resoluciones con sanción, acumulando un monto total de USD 220.458 en multas.
Este caso demuestra que la vigilancia ciudadana, junto con acciones institucionales, puede marcar la diferencia en la protección animal y la lucha contra el maltrato.