La audiencia de vinculación se realizó este 5 de agosto en Quito. La Fiscalía General del Estado imputó a cuatro personas naturales y una persona jurídica por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión.
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El juez de la Unidad de Anticorrupción dispuso prisión preventiva para los cuatro nuevos procesados. Además, se ordenó la clausura provisional y suspensión temporal de actividades de la empresa LKL-WELLKALL S., fachada bajo la cual funcionaba el call center delictivo.
Como medidas adicionales, el magistrado ordenó prohibición de enajenar bienes y congelamiento de cuentas bancarias para los procesados, con excepción de los fondos destinados a pensiones alimenticias o jubilaciones. La etapa de instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
Estructura delictiva bien definida
El caso se remonta al 25 de junio, cuando un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía permitió la detención de 40 personas en el interior de un edificio ubicado en el sector La Carolina. Según la Fiscalía, la organización criminal funcionaba desde el tercer piso de la torre, con una estructura jerárquica y funcional claramente establecida.
Los presuntos líderes fueron identificados como Xu J. y Gu X., ciudadanos de nacionalidad china que residían en un departamento allanado durante el operativo. Bajo su mando, Luis Geovanny C. R. actuaba como director de talento humano, encargado del reclutamiento, la entrega de chips telefónicos y la gestión de pagos. Los operadores ganaban cerca de USD 500 mensuales, con bonificaciones por sobrepasar metas extorsivas.
Modus operandi: intimidación y violencia digital
La red operaba como una verdadera “industria del crimen digital”, según Fiscalía. Desde módulos equipados con computadoras, los operadores realizaban llamadas y enviaban mensajes para extorsionar a sus víctimas. Utilizaban montajes fotográficos con contenido sexual y videos de violencia extrema para generar miedo.
A la cabeza de los equipos de trabajo estaban cinco “líderes de segmento”: Edwin Bryan P. A., Roberto Andrés G. M., Nicole Tatiana D. L., Sandra Teresa J. M., Carlos Rodney Q. M. y Nayeli Elizabeth C. M. Ellos distribuían usuarios, otorgaban contraseñas de acceso a las plataformas y manipulaban bases de datos.
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Otra estrategia de extorsión consistía en ofrecer créditos sin respaldo legal, que luego se convertían en instrumentos de presión psicológica para exigir pagos bajo amenaza.
Cargos y próxima etapa judicial
La audiencia de formulación de cargos inicial se celebró el 26 de junio. De los 40 detenidos, 39 recibieron prisión preventiva, mientras que una mujer fue beneficiada con medidas sustitutivas por su estado de gestación. Todos los implicados son procesados por delincuencia organizada.
Este caso pone en evidencia la sofisticación de las redes criminales que operan en Ecuador, muchas veces bajo estructuras empresariales simuladas, con alta capacidad de captación, tecnología y daño social.
La Fiscalía anunció que las investigaciones continuarán en busca de más implicados y posibles vínculos con redes internacionales de cibercrimen.