El asesinato de Daniel Eduardo G.L., ocurrido el pasado 29 de julio en Quito, ha escalado a un caso de interés nacional tras una contundente denuncia del ministro del Interior, John Reimberg. En una publicación en la red social X, el funcionario reveló que, a pesar de existir pruebas contundentes y la aprehensión en flagrancia de dos sospechosos, una fiscal del caso solicitó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
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El hecho se registró en la capital ecuatoriana y fue investigado por unidades especializadas de la DINASED. Los detenidos: un ciudadano ecuatoriano y un venezolano identificado como Yonathan José B.C., fueron capturados junto al vehículo tipo taxi presuntamente utilizado para cometer el crimen. Videos de seguridad reforzarían la acusación de su participación directa en el homicidio.
Sin embargo, la fiscal Diana Magaly Moya Alulema, según Reimberg, solicitó medidas alternativas, permitiendo la liberación de los presuntos implicados. Lo más preocupante, según la denuncia, es que uno de los liberados mantiene procesos penales pendientes en su país de origen.
“¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de cosas por parte de los operadores de justicia?”, cuestionó el ministro.
Este caso ha desatado indignación en redes sociales y entre colectivos ciudadanos que exigen reformas urgentes al sistema judicial y un mayor control sobre la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia extrema.
Desde el Ministerio del Interior señalan que este tipo de decisiones no solo socavan el trabajo policial, sino que afectan directamente la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Mientras tanto, la familia de la víctima espera justicia en medio de un sistema que, una vez más, parece ceder ante la impunidad.