Organizaciones gremiales y sociales realizaron una rueda de prensa conjunta para denunciar lo que califican como una crisis estructural en los sectores de salud y educación del país. Entre los convocantes estuvieron la Federación Médica Ecuatoriana (FME), la Federación de Profesionales de Enfermería (FAPERPISEC), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representantes barriales de Quito y asociaciones de pacientes con enfermedades raras, catastróficas y crónicas.
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Durante el encuentro, los voceros alertaron que la salud y la educación “están en terapia intensiva” por la falta de insumos, equipos, personal capacitado y por el creciente clima de inseguridad que afecta a profesionales y usuarios. Denunciaron que, pese a las promesas del Gobierno, se han producido desvinculaciones laborales que ya afectan a más de 60 médicos y enfermeras.
Una de las principales críticas apuntó a la Ley de Integridad Pública, a la que calificaron como regresiva, asegurando que ha dejado sin sustento a 5.000 familias y viola derechos laborales y constitucionales.
Frente a esta situación, los gremios resolvieron:
- Exigir la declaratoria de emergencia para los sectores de salud y educación.
- Demandar que la Corte Constitucional admita las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes recientes.
- Solicitar el reintegro inmediato de trabajadores despedidos injustamente.
- Reclamar el incremento presupuestario justo para salud y educación.
- Unificar acciones con miras a nuevas movilizaciones.
Anunciaron dos acciones concretas:
- Una jornada nacional de movilización el próximo 7 de agosto.
- Una Convención de Trabajadores y Organizaciones Sociales el 16 de agosto.
Los colectivos reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la salud pública, la educación gratuita y de calidad, y llamaron a la ciudadanía a sumarse a sus demandas.