Un caso de violencia obstétrica ha conmocionado al país. Yolanda, una joven venezolana de 17 años en situación de movilidad humana, denunció que fue esterilizada sin su consentimiento en el Hospital General Universitario de Guayaquil durante su parto en el año 2020.
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¿Qué ocurrió?
Yolanda acudió al hospital para dar a luz a su primer hijo. Según su testimonio, el personal médico le informó que debían realizarle una ligadura tubárica porque “podía morir” debido a su diagnóstico de preeclampsia.
La joven aseguró que no dio su consentimiento completo y que, bajo efectos de la anestesia, fue obligada a firmar un documento que no comprendía totalmente.
“No me dieron opciones. Me dijeron que si tenía otro hijo me podía morir. Yo estaba sedada, y aun así me hicieron firmar”, declaró la joven.

Corte reconoce el caso como violencia obstétrica
En julio de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció sobre el caso y lo calificó como violencia estructural ejercida contra la paciente, en un contexto de desigualdad de poder entre una adolescente migrante y el sistema de salud.
La Corte declaró que este tipo de prácticas constituyen una vulneración directa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El hospital acepta los hechos y se disculpa públicamente
El 14 de julio de 2025, el Hospital General Universitario de Guayaquil admitió su responsabilidad en el procedimiento sin consentimiento y ofreció una disculpa pública a la joven.
“Reconocemos que no se le informaron adecuadamente los riesgos, beneficios y alternativas de la ligadura. Le fue arrebatada la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo”, declaró Hugo Hernández, gerente del hospital.
Añadió que el procedimiento fue ejecutado sin que la esterilización fuera médicamente necesaria, y que el equipo médico no actuó con respeto ni dignidad, causando “sufrimiento y angustia innecesarios” a la paciente.
Yolanda, presente durante el acto, expresó a EFE que, si bien las disculpas no reparan el daño causado, no solo por la esterilización forzada, sino también por las consecuencias físicas y emocionales que aún enfrenta, espera sinceramente que esta sentencia sirva para evitar que otras mujeres vivan lo mismo.