El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes 28 de julio de 2025 una nueva iniciativa legislativa: la Ley de Fundaciones, un proyecto económico urgente que será enviado hoy a la Asamblea Nacional.
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El mandatario, en una entrevista con Radio Sucre, aseguró que la propuesta pretende controlar y fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro que, en muchos casos, sirven como “fachada para actividades ilícitas”.
“No hay control de la UAFE o financiero. Se ha vuelto un mecanismo que impulsa a la criminalidad". Se enviará el proyecto en horas de la tarde. La idea es combatir la inseguridad y evitar cualquier clase de desestabilización", dijo Noboa.
Según afirmó, algunas fundaciones estarían siendo utilizadas para lavado de dinero, financiamiento de la minería ilegal y otros delitos que atentan contra la seguridad nacional.
¿Qué propone la Ley de Fundaciones?
La iniciativa legal apunta a regular con mayor rigor a las fundaciones en Ecuador, muchas de las cuales operan sin controles claros.
El objetivo es cerrar espacios a estructuras que puedan ser aprovechadas por grupos delictivos para canalizar fondos ilícitos o encubrir operaciones ilegales.
Noboa insistió en que la ley no busca restringir la labor social ni comunitaria de las verdaderas organizaciones sin fines de lucro, sino establecer un marco legal más transparente y fiscalizable.
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El proyecto contempla medidas de registro obligatorio, auditorías financieras periódicas y control sobre los recursos que manejan.
Cuarta ley económica urgente del Ejecutivo
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ya había anticipado la presentación de esta nueva normativa en una entrevista con Forbes.
Noboa, por su parte, ha liderado una agenda legislativa activa desde su posesión en mayo de 2025. En menos de dos meses, su gobierno ha logrado la aprobación de tres leyes económicas urgentes: Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Integridad Pública y Ley de Áreas Protegidas.
Control y transparencia para el tercer sector
Con esta cuarta ley, el Gobierno busca reforzar la lucha contra el crimen organizado desde todos los frentes, incluso el sector sin fines de lucro.
La iniciativa será clave para evitar que fundaciones operen como pantallas para la criminalidad. Ahora, el debate se traslada a la Asamblea y al sector civil, que deberá reaccionar ante esta propuesta que podría redefinir su funcionamiento.