El exvicepresidente de la República y economista Alberto Dahik se sumó al debate sobre la reestructuración del Estado anunciada por el Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, expresando su apoyo a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter).
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“Nos llenamos de esperanza: el gobierno indica que se reducirán 5.000 cargos públicos innecesarios en poco tiempo. La noticia es todavía mejor: se plantea reducir 50.000 en los próximos años. Más que leyes, el país necesita acciones. Este es un ejemplo de lo mucho que se debe hacer”, publicó Dahik la tarde de este viernes 26 de julio.
Las declaraciones se dan en el contexto de la reciente reestructuración del Ejecutivo anunciada por la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo. El pasado jueves 24 de julio, se informó que el número de ministerios se reducirá de 20 a 14, y las secretarías pasarán de 9 a solo 3.
La medida implica la desvinculación de 5.000 funcionarios, principalmente personal administrativo de entidades como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y otras instituciones del Estado.
Jaramillo aclaró que este recorte no afectará a personal operativo en sectores estratégicos como salud, educación, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Un respaldo desde la ortodoxia económica
Dahik, conocido por su visión liberal y su crítica histórica al sobredimensionamiento del aparato estatal, se convirtió en una de las primeras figuras políticas de peso en respaldar públicamente la decisión del presidente Noboa.
La reacción positiva de Dahik puede interpretarse como un espaldarazo técnico y simbólico a las medidas de ajuste fiscal que busca implementar el Gobierno para afrontar el déficit y reordenar la administración pública.
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El recorte y la fusión institucional forman parte del plan de racionalización del gasto público, que el presidente ha definido como uno de los ejes para enfrentar la crisis económica, junto con la reforma fiscal, la atracción de inversiones y la eficiencia en el uso de recursos del Estado.
El debate ahora se centra en la sostenibilidad de estas medidas y su impacto en el empleo público, la prestación de servicios y la gobernabilidad.