Al menos ocho trabajadores del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, en Quito, fueron despedidos el viernes 25 de julio de 2025.
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Así lo denunció la Federación Médica Ecuatoriana, que calificó la medida como el inicio del plan de supresión de partidas impulsado por el Gobierno.
Entre los desvinculados se encuentran tres enfermeras del servicio de Neonatología, un médico de la Sala de Internación, otro de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos (UCIM), un bioquímico farmacéutico, un trabajador social y un servidor administrativo.
Contradicción con anuncio del Gobierno
Los despidos se producen apenas un día después de que Carolina Jaramillo, vocera del Ejecutivo, anunciara públicamente la desvinculación de 5 000 funcionarios públicos, asegurando que no se afectaría a médicos, enfermeros, policías, militares, docentes ni personal de atención a grupos vulnerables.
La situación ha generado preocupación en el gremio médico y en organizaciones defensoras del acceso a la salud pública, especialmente en áreas críticas como la atención materno-infantil.
Federación Médica exige reincorporación del personal
A través de un comunicado, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, pidió a las autoridades del Ministerio de Salud que revisen los procesos de despido y garanticen la reinstalación inmediata de los profesionales cesados.
Carrasco calificó la medida como una “amenaza directa” a la continuidad de los servicios en el área materno-infantil, y advirtió que estas decisiones impactan directamente en la calidad y oportunidad de la atención médica.
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Acciones legales en camino
La Federación anticipó que iniciará acciones legales y administrativas para defender los derechos laborales de los trabajadores de la salud. También hizo un llamado urgente a los médicos del país para que reporten cualquier caso de despido injustificado en hospitales y centros públicos.
La controversia pone nuevamente en debate el manejo del gasto público, el rol del Estado en salud y la credibilidad de las promesas oficiales.