Desde julio de 2025, los servidores públicos en Ecuador deberán someterse a dos evaluaciones de desempeño por año, según lo establece el nuevo reglamento a la Ley de Integridad Pública, firmado por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 57.
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La medida busca fortalecer la transparencia, eficiencia y meritocracia dentro del sector público.
Implicaciones de las nuevas calificaciones
La evaluación semestral reemplaza al modelo anterior que exigía solo una revisión anual. La calificación que obtenga cada funcionario tendrá consecuencias directas en su estabilidad laboral y proyección profesional:
- Excelente: permite acceder a comisiones de servicio (con o sin remuneración), promociones, programas de capacitación y concursos de ascenso.
- Muy buena: habilita acceso a capacitación, reconocimiento institucional y procesos de ascenso.
- Satisfactoria: si se repite dos veces, da lugar a participación en planes de mejora y formación.
- Regular: exige una nueva evaluación a los tres meses. Si no mejora, el servidor será destituido mediante sumario administrativo.
- Insuficiente: constituye causal directa de separación del cargo por deficiencia grave.
Bajo rendimiento puede revertir teletrabajo
El reglamento también contempla la modificación de la modalidad laboral. Si un funcionario que labora bajo teletrabajo obtiene una calificación inferior a “satisfactorio”, podrá ser reasignado a trabajo presencial. Este cambio no se considerará una sanción, sino una medida administrativa para mejorar el desempeño.
Las Unidades de Talento Humano de cada institución deberán emitir normas internas para aplicar esta disposición. Además, los jefes pueden solicitar el cambio de modalidad si consideran que la actividad requiere presencialidad.
Una reforma que abarca más que la LOSEP
El Decreto 57 no solo modifica la Ley de Servicio Público. También actualiza aspectos clave de la Ley de Contratación Pública y de la Ley de la Contraloría General del Estado, con énfasis en procedimientos más rigurosos y mayor control en los procesos de contratación.
Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar mejores estándares de ética y eficiencia en la administración pública ecuatoriana, bajo una evaluación continua del talento humano y un mayor enfoque en el cumplimiento del servicio al ciudadano.