El Gobierno de Ecuador anunció este jueves un “duro golpe” contra Los Lobos, considerada la banda criminal más grande y poderosa del país, tras una operación coordinada por el Bloque de Seguridad que ejecutó operativos simultáneos en ocho provincias. El resultado: 65 detenidos, 27 inmuebles allanados y el descubrimiento de un esquema financiero ilícito de gran escala.
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Propiedades de lujo y millones en juego
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en rueda de prensa que los bienes incautados, ubicados en las provincias de Manabí y Santa Elena, tienen un valor estimado superior a los 10 millones de dólares. Estas zonas han sido duramente golpeadas por el crimen organizado y actualmente están bajo estado de excepción, declarado por el presidente Daniel Noboa en el marco del “conflicto armado interno”.
Las propiedades, entre casas, fincas y negocios, fueron intervenidas con fines de extinción de dominio, al formar parte de las operaciones logísticas y financieras del grupo delictivo.
Red de lavado en empresas fachada
Entre los hallazgos más relevantes, Reimberg detalló la detección de USD 13 millones en movimientos financieros irregulares provenientes de cuatro empresas fachada registradas en Manta, Sucre, Jaramijó y Montecristi.
Una de ellas, Pez&Mar S.A., fue fundada por Génesis Mendoza, pareja del fallecido líder de Los Lobos, Leonardo Briones Chiquito, en julio de 2021. En 2023, la empresa fue transferida a nombre de un presunto testaferro, con el fin de seguir operando fuera del radar de las autoridades.
Incautaciones millonarias y mensaje del Gobierno
Durante los operativos se decomisaron además 18 toneladas de droga, valoradas en más de USD 715 millones. Cuatro de los detenidos eran considerados objetivos de “valor medio” dentro de la estructura criminal de Los Lobos.
“Es la firme decisión que tiene el Gobierno Nacional de luchar contra estas mafias criminales. Este proceso de incautación continúa y en los próximos días daremos más golpes a estas economías delictivas”, puntualizó Reimberg.
Con este operativo, el Ejecutivo busca desmantelar las finanzas criminales de la organización, limitar su influencia territorial y frenar la escalada de violencia que vive el país.