El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió por unanimidad suspender durante tres meses, sin remuneración, a un juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone (Manabí), tras una denuncia por presunto acoso sexual laboral en contra de una servidora judicial.
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La decisión fue anunciada este martes como parte del compromiso del CJ por erradicar toda forma de violencia dentro de la Función Judicial.
El presidente del Consejo, Mario Godoy, confirmó que el juez habría incurrido en una conducta calificada como infracción gravísima:
“El funcionario habría grabado y divulgado contenido audiovisual con connotación sexual no solicitada, utilizando medios digitales personales. Estos actos se enmarcan en una infracción indisciplinaria gravísima, prevista en el artículo 109, numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial”, sostuvo Godoy.
La víctima sería una servidora judicial que trabajaba bajo su entorno jerárquico, lo que agrava la conducta en el marco de relaciones laborales y de poder. Aunque el nombre del juez no ha sido revelado, el proceso disciplinario sigue su curso bajo confidencialidad y medidas de protección para la denunciante.
“No vamos a permitir que el poder se use para vulnerar derechos”
En su pronunciamiento, el CJ reiteró que esta no es una medida simbólica, sino una acción firme para proteger la integridad de quienes trabajan en el sistema de justicia:
“Estamos comprometidos con una justicia íntegra, transparente y que actúe con la misma severidad hacia adentro que exige hacia afuera”, expresó Godoy.
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Desde el año pasado, el CJ ha recibido varias denuncias por conductas similares. Solo en 2024 se tramitaron al menos 19 procesos por presunto acoso sexual o abuso de poder dentro de despachos judiciales.
Marco legal
La medida de suspensión se enmarca en lo dispuesto por el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tipifica como infracción gravísima la conducta de naturaleza sexual ejercida mediante coacción, intimidación o abuso de poder en el ámbito laboral judicial.
La sanción implica la separación temporal inmediata del cargo, sin goce de sueldo ni beneficios económicos, mientras se sustancia el proceso disciplinario correspondiente.