La Fiscalía General del Estado informó que inició un proceso penal contra trece personas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a gran escala, con destino a España. Entre los procesados se encuentran tres agentes de la Policía Nacional: dos pertenecientes a la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos (UIPA) y uno a la Unidad Nacional Canina.
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El caso, a cargo de la Unidad Nacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), investiga el envío de droga en contenedores de fruta (pitahaya), exportados desde el aeropuerto de Guayaquil con destino a Madrid (España), el 14 de agosto de 2024.
En el marco de las coordinaciones con las autoridades españolas, se incautaron 165 kilos de clorhidrato de cocaína y se detuvo a cuatro personas en ese país.
La madrugada del 29 de mayo de 2025, en un operativo liderado por Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, se ejecutaron once allanamientos en las provincias de Guayas y Pichincha, durante los cuales fueron detenidos los trece involucrados.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso expuso varios elementos de convicción, entre ellos: el informe de seguimientos y vigilancias elaborado por la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea de la Policía Nacional, la sinopsis de las conversaciones mantenidas entre los ahora procesados, quienes serían parte de un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, entre otros indicios relacionados con el delito investigado.
Al finalizar la diligencia, el Juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para César M., Edison A., Denis G., Nelson M., Darío V., René A., Gustavo E., Jack R., Ronald M., Edison Ch., Diego S., Tito Z. y Enrique C. La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal d (gran escala) del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito es sancionado con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
