El ministro de Gobierno, José De La Gasca, informó en rueda de prensa que tras la decisión la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, que dejó sin efecto la sanción administrativa de 150 días de suspensión impuesta por el Ministerio de Trabajo a Verónica Abad será enviada a Turquía para continuar con las relaciones económicas que Ecuador mantiene con otros países.
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Según la información oficial, la funcionaria podrá presentarse, como máximo, hasta el 27 de diciembre.
Sobre la audiencia de Abad
A finalizar la audiencia, la jueza Vera denunció amenazas para que dicte una sentencia contra la vicepresidenta Verónica Abad. Agregó que incluso le entregaron un pen drive con la sentencia que debía dar.
“El Presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el director provincial, Henry Gaibor y el asesor, Jorge Carrillo, me dijeron que me van a destituir si yo fallo a favor. Es decir que esta acción de protección la tenia que considerar (...) Dejó constancia que si algo pasara contra mi vida o la de mis hijos (...) Mi carrera está en juego y no es justo que vengan a amedrentar a un juez y a interferir”, dijo Vera.
También reveló que en la Corte de Pichincha ya están sorteadas las quejas y sumarios administrativos para declararle culpable de error inexcusable.
La defensa de Abad argumentó que el Ministerio de Trabajo carecía de competencia para sancionar a una autoridad de elección popular y que el procedimiento seguido no cumplió con los debidos procesos legales. Además, cuestionaron la base legal de la sanción y la participación de entidades como la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso administrativo.
Por su parte, el abogado del Ministerio de Trabajo defendió la potestad de la cartera para procesar faltas disciplinarias de funcionarios públicos y argumentó que la sanción se basó en el incumplimiento de las disposiciones establecidas.
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La jueza manifestó que la acción fue aceptaba porque se “ha observado la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica, al debido proceso, las garantías básicas, la aplicación de normas y derechos de las partes, actuación de pruebas de forma contraria a la Constitución, proporcionalidad y derecho a la defensa a la garantía básica por el juez natural”.
Además, como medida de reparación, la jueza dispuso que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, le pida disculpas públicas.