Diego Paúl M. fue detenido en el sur de Quito por la presunta utilización de cédulas de identidad falsas para cobrar el bono de desarrollo humano, un beneficio destinado a personas en situación de vulnerabilidad en el país.
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Este caso pone en evidencia un esquema de suplantación de identidad y fraude que afecta a los programas sociales del Estado ecuatoriano, vulnerando los derechos de los beneficiarios reales.
Contexto del caso
La detención de Diego Paúl M. ocurrió en el sector de Turubamba, gracias a una alerta emitida por la gerente de una agencia financiera, quien notó un comportamiento sospechoso cuando el procesado intentó cobrar el bono con una cédula que no le pertenecía.
Ella contó a la Policía que el implicado habría intentado cobrar el bono de desarrollo humano, presentando una cédula que no le pertenecía.
Desarrollo de la investigación
En el momento de la aprehensión, las autoridades encontraron en poder del sospechoso veinte cédulas de identidad con distintos nombres, pero todas con la misma fotografía.
Además, tenía en su posesión USD 700 dólares en efectivo, dinero cuyo origen no pudo justificar. Tras la detención, la Fiscalía formuló cargos por uso de documento público falso y suplantación de identidad, en un concurso real de infracciones, amparándose en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En particular, los artículos 328 y 212 del COIP sancionan severamente estos delitos, ya que afectan tanto la administración pública como la fe pública.
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Pericias y pruebas
Para reforzar su teoría del caso, la Fiscalía ordenó la realización de varias diligencias, entre ellas una pericia documentológica, que confirmó que las cédulas eran falsificadas.
También se presentaron informes técnicos de identidad morfológica y fisionómica, que demostraron la relación entre el procesado y las fotografías de los documentos incautados. Estos elementos de convicción fueron clave durante la audiencia.
Medidas cautelares
Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez dictó prisión preventiva contra Diego Paúl M. Además, se ordenó la retención de montos en su cuenta bancaria, equivalentes a treinta salarios básicos (USD 13 800), como medida cautelar para evitar el uso de fondos obtenidos de manera ilícita.
Este caso evidencia los riesgos que enfrenta el sistema de asistencia social en Ecuador frente a la corrupción y el fraude. La Fiscalía y la Policía Nacional han intensificado los operativos para combatir este tipo de delitos.
La justicia ecuatoriana deberá garantizar que se sancione a los responsables y que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
