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¿En cuáles provincias el Gobierno extendió el estado de excepción?

Estos son los municipios

Manta, 06 de abril de 2024. Operativos de control de las Fuerzas Armadas, previo a la culminación del Estado de Excepción en el país.
Manta, 06 de abril de 2024. Operativos de control de las Fuerzas Armadas, previo a la culminación del Estado de Excepción en el país. (Ariel Ochoa)

El presidente Daniel Noboa extendió por 30 días más el último estado de excepción que había decretado en 6 de las 24 provincias del país y un municipio de una séptima provincia, por grave conmoción interna para hacer frente al crimen organizado. El estado de excepción había sido declarado por Noboa originalmente por 60 días, a partir del 2 de julio.

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Mediante el Decreto 377 Noboa mantuvo por un mes más esta medida excepcional en Guayas, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero de la provincia de Azuay donde las bandas criminales buscan apoderarse de su actividad.

En diecinueve municipios de las zonas contempladas en este estado de excepción se mantendrá un toque de queda nocturno que regirá entre las 22:00 y 5:00:

Azuay

  • Camilo Ponce Enríquez.

Los Ríos

  • Babahoyo.
  • Buena Fe.
  • Quevedo.
  • Pueblo Viejo.
  • Vinces.
  • Valencia.
  • Ventanas.
  • Mocache.
  • Urdaneta.
  • Baba.
  • Palenque.
  • Quinsaloma.
  • Montalvo.

Guayas

  • Durán.
  • Balao.
  • Parroquia Tenguel del cantón Guayaquil.

Orellana

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  • La Joya de los Sachas.
  • Puerto Francisco deOrellana.
  • Loreto.

Quienes circulen durante el horario temporal de restricción, serán puestas a órdenes de las autoridades.

El estado de excepción supone la suspensión de algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia, además del derecho a la libertad de reunión siempre que se garantice el derecho a la protesta pacífica, conforme lo dictaminó la Corte Constitucional en su revisión de este último estado de excepción.

Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.

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