El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, objetó totalmente el proyecto de reformas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), aprobado por la Asamblea Nacional el 6 de junio de 2024.
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De acuerdo al veto, el Gobierno argumentó que “el proyecto de Ley propuesto es contrario a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, por consiguiente, no es conveniente para los intereses del país”, se lee en el oficio enviado a Henry Kronfle.
El Ejecutivo cuestionó tres puntos. El primero es sobre la contratación de una empresa para “asesoría en banca de inversión enfocada a sistemas de pensiones o seguridad social”.
También cuestiona que la Junta de Política y Regulación Financiera, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá definir las diferentes operaciones que permitan el ejercicio de la actividad financiera del Banco.
Finalmente, se objetó la disposición de la transparencia de las inversiones. “El BIESS tendrá la obligación de poner a disposición de sus afiliados en su página web o en otros sistemas de información que ponga a disposición de sus usuarios, el detalle del gasto institucional mensual y anual, así como la información de todas y cada una de las inversiones de cualquier tipo”, fue lo aprobado por la Asamblea.
El Ejecutivo argumentó que no corresponde a la Ley del BIESS, sino a las funciones de Gobierno Corporativo. Además, establece “la facultad de publicación de información sin transgredir el principio de sigilo bancario y bursátil propio de un banco”.
Respuesta de la Asamblea Nacional
Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, se pronunció en sus redes sociales y calificó el veto total como un “golpe a los bolsillos de los ciudadanos”.
La Asamblea Nacional emitió un comunicado. “Hoy, el gobierno del presidente Daniel Noboa decidió, al igual que en administraciones anteriores, que los dineros que pertenecen a los afiliados y jubilados siga manteniéndose como “caja chica” del Gobierno Central (...) Como Asamblea Nacional, a pesar de esta negativa, seguiremos trabajando por devolverle sus derechos, a más de 3 millones 700 mil afiliados y aproximadamente 800 mil pensionistas a nivel”.
